Varios lugares de Tarapoto fueron intervenidos ayer. Durante allanamiento por la Fiscalía Anticorrupción.
Tarapoto. En un mega operativo a nivel nacional, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad -DIVIAC de la Policía Nacional y el equipo especial de la Fiscalía Supranacional Anticorrupción, detuvieron al Gobernador Regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, luego de iniciar el operativo desde las 00 horas de hoy miércoles 21 de diciembre del presente año.
Además, las autoridades del Ministerio Público allanaron viviendas de 21 personas entre funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras del gobierno regional de San Martín, involucrados en actos de corrupción.
El megaoperativo se desarrolló en Moyobamba, Tarapoto, Tocache en la región San Martín, y en Lima se detuvo a Iván Bogarín, hijo del gobernador de San Martín.
Bogarín y otros 09 involucrados en presuntos actos de corrupción, entre los que figuran funcionarios regionales y su hijo, Iván Bogarín, fueron detenidos de manera preliminar por 10 días y serán recluidos en la DEPOTAD Tarapoto, para luego ser llevados a la capital para sus procedimientos de ley.
Las autoridades policiales y fiscales anticorrupción de funcionarios allanaron en Tarapoto la vivienda del periodistas Weninger Cerón Ángulo, asesor de Bogarín en la gobernación regional. Además, en simultaneo allanaron la dirección regional de transportes y comunicaciones.
En Lima fue detenido Iván Bogarin, hijo del gobernador regional, luego de que fiscales y policías allanaran una vivienda en un edificio residencial en el distrito de Miraflores, donde se encontraba descansando. El detenido fue trasladado a una sede fiscal en Lima.
Tras el allanamiento en casa del gobernador Pedro Bogarín en Moyobamba se habría encontrado 50 mil soles en efectivo.
Hasta final del año pasado, al menos 19 de los 25 gobernadores del país y 52 funcionarios regionales eran investigados por las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. De estas autoridades regionales, tres cumplen actualmente prisión preventiva.
Los 52 funcionarios regionales implicados en presuntos delitos en 8 gobiernos regionales, son investigados por casos de direccionamiento de compras, contrataciones irregulares, tráfico de influencias y malversación de fondos, entre otros. (GUTI)