Defensoría del Pueblo pide a DRE San Martín garantizar derecho de acceso gratuito a matrícula escolar 2023. Durante este año se reportaron más de 100 quejas vinculadas mayormente a condicionamientos de pagos, por lo que se pidió recordar que dicho servicio es gratuito en colegios públicos.
San Martín. La oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín solicitó a la Dirección Regional de Educación (DRE) adoptar medidas inmediatas que permitan asegurar la gratuidad de la enseñanza escolar a favor de cerca de 300 000 estudiantes de esta región.
El pedido fue hecho ante la proximidad del inicio del proceso de matrícula escolar para el año 2023, por lo que se pidió a dicha entidad reiterar a todos los planteles de la región la prohibición de exigir cualquier pago como condición para las matrículas.
En el documento dirigido al titular de la DRE San Martín, Wilson Quevedo, se informó acerca de la cantidad de quejas que fueron presentadas durante el 2022 por problemas vinculados al proceso de matrícula escolar.
En efecto, de acuerdo con la información de la sede defensorial, al inicio de este año se reportaron más de 100 casos en los que se tuvo que intervenir para asegurar el derecho a la educación gratuita en colegios públicos, conforme dispone la Constitución Política y la Ley General de Educación.
Según informó, la mayor parte de estas quejas fueron por situaciones en las que se estaba condicionando la matrícula al pago de una determinada suma de dinero como cuota para la Apafa o por la exigencia de cobros para la separación de vacantes escolares.
Además, las quejas correspondieron a todas las provincias que componen el ámbito de acción de la Oficina Defensorial de San Martín y del Módulo Defensorial de Tarapoto.
Ante esta alarmante cifra la jefa de la Oficina Defensorial de San Martín, Janet Álvarez, recordó al titular de la DRE las normas que se encuentran vigentes en materia de matrícula escolar para la educación básica, precisando que dicho proceso debe ser absolutamente gratuito y que ninguna institución educativa pública puede exigir el pago de concepto alguno como condición para el acceso al servicio de enseñanza educativa.
En el documento, la representante de la Defensoría del Pueblo remarcó también que se encuentra prohibido exigir la compra y entrega de materiales educativos, útiles escolares o uniformes como condición para la matrícula.
En ese sentido, solicitó que estas disposiciones sean difundidas a todas las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la región y que se destine una línea telefónica o correo electrónico para que la ciudadanía pueda presentar cualquier denuncia vinculada al tema.
Además, solicitó que se designe a una persona que se desempeñe como enlace con las UGEL de la región para cualquier intervención o consulta. (Nota de Prensa)