Parte III
En febrero de 2014, cuando la Fiscalía investigaba las compras de terrenos de Milton Artiaga, la Agencia Agraria Alto Amazonas identificó que las constancias de posesión de estas tierras se otorgaron sin verificar el trabajo agropecuario ni precisar su extensión.
Nueve constancias fueron aprobadas en junio de 2011 por José Correa Pezo, entonces director de la Agencia Agraria Alto Amazonas. Luis Miguel Dávila Díaz figura como el profesional encargado de hacer las inspecciones oculares de los terrenos y de redactar los informes técnicos respectivos, 6 de los cuales fueron elaborados el mismo día. Sin embargo, Dávila no estaba registrado en la relación de trabajadores de la Agencia Agraria, según precisan las investigaciones posteriores que realizó la entidad,
Convoca.pe logró ubicar a Dávila, quien refirió que prestaba servicios a la Agencia Agraria como consultor externo y que, en el caso de los 9 informes, falsificaron su firma. “Deberían existir seis órdenes de salida para ese mismo día, pero eso no es así. Esa información es falsa. Nadie puede hacer seis informes en un solo día. Además, si usted recopila todos mis informes técnicos, va a notar diferencias en el contenido: la otra persona que escribe es más puntual, yo narro desde el momento en que he llegado”, explicó Dávila.
También contactamos a José Correa Pezo, quien era director de la Agencia Agraria en ese entonces y aprobó la emisión en bloque de estas constancias. El exfuncionario se defendió apelando a la falta de memoria: aseguró que no recordaba esa situación porque los hechos sucedieron hace más de una década.
Correa y Dávila no son los únicos investigados por la emisión de constancias de posesión irregulares. Según el informe de la Agencia Agraria también están involucrados en estas gestiones Marco Nureña Hidalgo, quien fue director de la Agencia Agraria en 2007, el fallecido Hebert Oliva Cachay, director en 2012, y Julián Camus del Castillo, quien trabajó como consultor externo.
A Camus del Castillo se le cuestiona que haya firmado un perfil del proyecto para el otorgamiento de la constancia de posesión de uno de los terrenos de Juan Pinasco, a pesar que esa gestión no formaba parte de sus funciones. “El tema está en fuero administrativo, así que me reservo a dar algún tipo de declaración”, respondió Camus del Castillo cuando se le consultó sobre aquella firma. Mientras que atribuyó la ausencia de la información de las extensiones de los terrenos de las constancias a mucha carga laboral.
Sobre Marco Nureña, el informe de la Agencia Agraria Alto Amazonas menciona que no se incluye el área georreferenciada del terreno ni se adjunta un informe técnico a pesar que son parte de los requisitos para aprobar una constancia de posesión. Al respecto, Nureña sostuvo que en 2007, cuando fue director de la Agencia Agraria, la entidad no contaba con GPS para hacer el trabajo de georreferenciación, pero que el informe técnico sí fue elaborado y se encuentra en la Agencia Agraria. «No sé quién le habrá mentido”, increpó.
Dávila y Camus del Castillo rechazaron cualquier vínculo con la empresa para la emisión de estas constancias de posesión. “Siempre hemos estado un poco alertas frente a eso y he actuado con cautela para seguir los lineamientos y no caer en ninguna irresponsabilidad”, aseguró Camus del Castillo.
Palmas del Shanusi continúa adquiriendo terrenos en Alto Amazonas. El 28 de octubre de 2021, la Agencia Agraria Alto Amazonas emitió 43 constancias de posesión a nombre de la empresa en el caserío Túpac Amaru, según una base de datos de la misma entidad a la que accedió Convoca.pe.
La compra de tierras bajo diversas modalidades ha persistido en los últimos años. Nuestro equipo identificó que la empresa del Grupo Romero adquirió casi la mitad de un grupo de terrenos que fueron titulados en bloque tan solo un año antes. El 30 de noviembre de 2018, la Dirección Regional de Agricultura dispuso la titulación masiva de 37 predios ubicados en tres quebradas de Alto Amazonas. El 10 de octubre del siguiente año, la empresa compró 16 de esos terrenos, con precios que oscilaban entre 200 o 300 soles la hectárea (entre 59 y 89 dólares).
La mayoría de los pobladores que vendieron sus tierras a Palmas del Shanusi coinciden en que se vieron presionados por la empresa a vender sus terrenos. “No quiere vender, está bien, pero de hoy en adelante vamos a poner una tranquera y usted no va a poder salir a Yurimaguas cuando quiera. Van a controlar su salida y entrada, y vamos a tener guardián”, recordó Juan Pinasco haber escuchado a Beder Panduro. “Y dicho y hecho: pusieron entrada con guardianes que vigilan el área, guardianes del Grupo Romero. ¿Cómo íbamos a vivir así?”, agregó.
Carlos Murayari, del caserío San Pedro de Mayrujay, dio la misma versión. “Nos decían, ‘si no venden, no van a tener entrada’”, recordó Bercella Pérez, propietaria de un terreno en Túpac Amaru. Adriano Minga, otro exhabitante del mismo caserío también aseguró que él y su esposa fueron uno de los últimos en vender su propiedad y que finalmente accedieron debido a las presiones de la empresa, que les advertía que les iba impedir el acceso a su propiedad.
Otro caso similar es el de Benito Pérez Aguilar, quien señaló en su declaración ante la Fiscalía que la empresa lo rodeó y sin dejarle más opciones, le propuso un bajo precio por su tierra. Convoca.pe corroboró en registros públicos de propiedades que Pérez fue uno de los últimos en vender su terreno a Palmas del Shanusi ya que la empresa ya había comprado semanas antes las propiedades que la rodeaban y que pertenecían a Leonardo Silva Huancas y Maria Luisa Tapullima.
La compañía del Grupo Romero compró unos cincuenta terrenos con título de propiedad en Túpac Amaru, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011. La Fiscalía investigó a la empresa por estas adquisiciones y a más de 40 expropietarios de estos terrenos por el delito de deforestación debido a que existe una controversia en las versiones y en las evidencias. Por un lado. Palmas del Shanusi asegura que los terrenos fueron vendidos desboscados y los pobladores argumentaron que vendieron con «montaña, con árboles» y fue la compañía la que taló el bosque.
«Desboscar cada hectárea costaría unos 500 soles (unos 136 dólares). Imagínese hacer esa inversión en todos los terrenos vendidos, con lo que nos pagaron no saldría a cuenta. Nosotros hemos vendido con bosques en pie y la empresa lo sabe», aseguró Adriano Minga a Convoca.pe.
El precio por el que la empresa compró los terrenos en Túpac Amaru fue entre 900 y 1000 soles la hectárea (entre 323 y 359 dólares en ese entonces), de acuerdo al análisis que realizó nuestro equipo con la información en registros públicos.
«Nos han denunciado, pero yo no he tumbado ni una hectárea del terreno. Yo lo he entregado enterito», se defendió José Sánchez Cotrina. Mirla Sangama, otra de las que vendió su propiedad a Palmas de Shanusi, sostuvo una versión similar y asegura que “no haber desboscado ni un pedacito”.
Sin embargo, en el expediente fiscal de este caso, que aún sigue en etapa del juicio oral, aparecen en contratos de la compra y venta de estos terrenos anotaciones que hacen referencia a que fueron vendidos desboscados. Para los expropetarios esa fue una trampa de la compañía porque no leyeron con atención los documentos que firmaron.
La mayoría recurre al mismo argumento para defenderse y acusar a la empresa de ser responsable del desbosque: el precio por el que fueron compradas las tierras, aseguran, es muy bajo para que las tierras hayan sido vendidas desboscadas.
Los datos anuales de Geobosques indican que, en Tupac Amaru, la mayor parte de la pérdida de bosque de los predios comprados por Palmas de Shanusi fue entre 2010 y 2011, años de las compras. Sin embargo, en las propiedades de María Tangoa, Marcos Padilla y Alfonso Silva, se nota claramente que la mayor parte de deforestación fue en 2012, año en que las tierras ya pertenecían a la empresa.
En el caso de deforestación de Túpac Amaru están involucrados Jorge Lozano Melendez y July Doris García, dueños de Agroindustria Alto Amazonas S.R.L., empresa dedicada a la venta de alimentos. La pareja de empresarios compró 8 terrenos en este caserío con precios que oscilaron entre 200 y 300 soles la hectárea, incluso uno fue comprado a 28 soles la hectárea (cerca de 8 dólares la hectárea en ese entonces). Poco tiempo después, Lozano y García vendieron esos terrenos a la empresa a unos 900 soles la hectárea (aproximadamente 323 dólares). Es decir, un precio tres veces mayor.
En diálogo con Convoca.pe, Jorge Lozano aseguró que vendió los terrenos a la compañía del Grupo Romero con bosque. El empresario fue evasivo y evitó dar evidencias de su versión.
El notario a cargo de avalar los contratos de compra y venta de los terrenos de Tupac Amaru fue Alfonso González Villavicencio. En sus declaraciones judiciales, diversos expropietarios señalaron que cuando firmaban los contratos, González no les permitían leer el contenido del documento. “No nos dejaban leer, nos hacían firmar así nomás. Apurado. Firmamos un bloque de papeles. y no nos daban tiempo de leerlo porque era tarde. Tampoco nos dieron copia”, aseguró Mirla Sangama.
En las declaraciones ante la Fiscalía, los expropetarios mencionan otro dato importante: el notario González Villavicencio nunca fue a sus propiedades a constatar si el terreno se encontraba desboscado.
Convoca.pe ubicó en Yurimaguas al notario González para recoger sus descargos sobre estas acusaciones. “Imagínate si nosotros estuviéramos viendo todo, yendo a constatar qué están haciendo en el terreno, a constatar si la persona es realmente el posesionario. Si vienen al día diez contratos, ¿hay que ir a caminar todas esas zonas agrestes? Por eso la ley protege al notario: por si acaso, tú legalizas la firma, no el contenido, salvo que tú veas de primera que hay un delito en el contenido”, respondió.
Con respecto a las acusaciones de que no dejaba leer el contrato, el notario González mencionó que “cualquier persona antes de firmar tiene que leer y cualquier cosa que no entiende, pregunta”.
Nuestro equipo solicitó en forma reiterada una entrevista con los representantes de Palmas del Shanusi, insistimos a lo largo de tres semanas. Ante el silencio, enviamos una lista de preguntas al responsable de comunicaciones del Grupo Palmas, Aldo Chávez, quien respondió que los directivos de la compañía no tenían tiempo para atendernos.
Chávez envió por correo electrónico una breve descripción de cada investigación que ha enfrentado la compañía en la Fiscalía. Por lo demás, la empresa ha preferido el silencio. Sin embargo, los hechos que hoy revelamos son claramente elocuentes. (Fuente: Portal Convoca.pe)
