CASO DE EXALCALDE DE JEPELACIO “DUERME” EN MINISTERIO PÚBLICO. Pese a las evidencias, Fiscalía de Crimen Organizado de Tarapoto dilata el tiempo y no avanza con investigación.
Moyobamba. En agosto del año 2022, luego de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Moyobamba, se logró la detención del entonces alcalde de Jepelacio Tito Solano Rodas, así como del empresario Hipólito Fernández Centurión y la trabajadora de la Fiscalía, Eva Maritza Benites Rubio, quienes junto al burgomaestre eran investigados por los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Como se recuerda, además de las detenciones de tres de los implicados, los fiscales allanaron las oficinas de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, las viviendas de tres imputados y el centro laboral de la investigada (la propia sede de la Fiscalía), donde incautaron documentación de adjudicaciones, contratos, licitaciones, entre otros.
Según la hipótesis de la investigación, a cargo de la fiscal adjunta Rosa Elena Nicolás Rodríguez, habría indicios concretos de que Solano Rodas, Ronald Chinchay Cruz, Hipólito Fernández Centurión y otros –bajo el asesoramiento de Eva Maritza Benites Rubio (trabajadora de la Fiscalía) habrían cometido los delitos señalados los cuales se habrían advertido en la licitación de hasta siete obras públicas.
Según la investigación fiscal, entre los años 2020 y 2021, habría existido entrega de coimas de dinero en efectivo y una camioneta a la citada autoridad municipal y al jefe de Logística, que presidía el Comité Especial de Licitación; por parte del empresario Hipólito Fernández, con la finalidad de otorgarle al ‘Consorcio Pacaypite’ la buena pro para la construcción de un puente en la localidad Pacaypite y el mejoramiento de calles y veredas en el centro pablado de Shucshuyacu, ambas obras valorizadas aproximadamente en 15 millones de soles.
Pese a las múltiples pruebas presentadas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en primera instancia, el Juez Andrés Loli Sánchez, desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado contra el entonces alcalde de Jepelacio, Tito Solano Rodas y los demás implicados, dejándolo en libertad. Sin embargo, tras la apelación presentada por la Fiscal Anticorrupción, Dra. Rosa Nicolás, el Poder Judicial en instancia superior y tratando de corregir lo hecho por el Juez Loli, determinó que el caso volviera a verse, pero esta vez por otro Juez, y es aquí donde empieza la otra cadena de hechos que llama poderosamente la atención, pues todo apunta que existirían intereses que pretenden mantener en total impunidad los hechos de corrupción que se descubrieron en la anterior gestión municipal, tal como lo que hoy también viene ocurriendo en el mismo municipio, incluso con algunos protagonistas que aparecen en ambas investigaciones.
En octubre del 2022, la Fiscal Rosa Nicolás Rodríguez, a cargo de este caso, detecta la existencia de indicios suficientes para que este caso pudiera considerarse como un caso de crimen organizado, motivo por el cual, la carpeta fiscal con la investigación y todos los elementos de prueba vinculados con dicho caso, son derivados a la Fiscalía de Crimen Organizado en la ciudad de Tarapoto.
Con fecha 26 de octubre del 2022, el Fiscal Provincial Jaime Rojas Guerra, de la Fiscalía de Crimen Organizado, asigna el caso al Fiscal Adjunto Provincial, Félix Freyre Pinedo, sin embargo, unos días después, lo retira del caso y se lo vuelve a asignar a sí mismo. Tres semanas después, el 15 de noviembre, el mismo Fiscal Provincial, Jaime Rojas Guerra, elevó la mencionada carpeta a la Segunda Fiscalía Superior Penal de San Martín, y donde señala que considera que no es competente para dirigir la investigación en el caso del alcalde de Jepelacio, Tito Solano Rodas y otros; y en el colmo del “peloteo”, 9 días después, el 24 de noviembre del 2022, desde la Segunda Fiscalía Superior Penal de San Martín devuelve la carpeta al Fiscal de Crimen Organizado, declarando improcedente su consulta, “por no ser competentes para emitir pronunciamiento de fondo”.
Ante este “peloteo fiscal” se termina devolviendo nuevamente el expediente de este caso a la Fiscalía Anticorrupción de Moyobamba, desde donde nuevamente con fecha 28 de noviembre del 2022, vuelven a hacer la consulta, pero esta vez a la Primera Fiscalía Superior Penal de San Martín, a fin de que se pueda determinar cual es la Fiscalía que debería investigar este caso.
Luego el 30 de noviembre, desde la Primera Fiscalía Superior Penal de San Martín, se dispone que el caso vuelva nuevamente donde el Fiscal de Crimen Organizado de la ciudad de Tarapoto, indicando que “de forma inmediata deberá avocarse y asumir competencia” en dicha investigación.
Como para no perder la costumbre del “peloteo fiscal”, pese a que se le señaló que actúe de “forma inmediata”, recién 16 días después, el 16 de diciembre del 2022, tomándose todo el tiempo del mundo, nuevamente el Fiscal de Crimen Organizado, Jaime Rojas Guerra, asigna el caso al Fiscal Adjunto de Crimen Organizado, Félix Freyre Pinedo.
Insólitamente, una semana después, el 23 de diciembre, en vísperas de la Nochebuena, el Fiscal de Crimen Organizado, Jaime Rojas, le vuelve a quitar el caso a su adjunto, aduciendo de que se trataba de un “caso de trascendencia y mediático”.
Solo en aquella oportunidad, entre idas y vueltas del expediente del caso de presuntos hechos de corrupción en el que están implicados el exalcalde de Jepelacio, Tito Solano Rodas y otros (entre quienes figura una trabajadora de la Fiscalía), transcurrieron cuatro meses sin que la investigación avance siquiera un milímetro. Es decir, en 4 meses no se había investigado nada, y los implicados en los presuntos hechos de corrupción seguían sus vidas como si nada.
Sin embargo, lo más vergonzoso vendría 4 meses más tarde, en abril del 2023, cuando se llevó a cabo la audiencia de solicitud de prisión preventiva para el exalcalde de Jepelacio, Tito Solano Rodas y los demás implicados. El Fiscal de Crimen Organizado, Jaime Rojas Guerra, en vez de exponer los argumentos para solicitar la prisión preventiva de todos los involucrados, con todos los elementos de convicción que ya había hecho llegar la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios, decidió “desistirse” de la solicitud de prisión preventiva que ya se había presentado, argumentando que por ser un “caso complejo”, volverían a presentarla posteriormente, de eso ya transcurrió casi un año, y hasta la fecha no se ha vuelto a solicitar la prisión preventiva para ninguno de los implicados, que siguen gozando impunemente de su libertad, por la extraña desidia del fiscal a cargo de este caso.
Cabe precisar que incluso, el mencionado fiscal Jaime Rojas Guerra, de la Fiscalía de Crimen Organizado de la ciudad de Tarapoto, ya ha recibido una sanción (aunque irrisoria) por la dilatación evidente en este caso, por lo que ha recibido una “amonestación”, es decir, ya le dieron su “jalón de orejas”, sin embargo, el mencionado expediente de este caso continúa “durmiendo el sueño de los justos”, arrinconado en algún vetusto archivo de dicha Fiscalía.
Señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, Dr. Jorge Vergara, recuerde que “justicia que tarda ya no es justicia”, y por el contrario, promueve la impunidad. Resulta lamentable además, que dicho municipio distrital hoy se vea nuevamente envuelto en presuntos casos de corrupción, y solo se espera que en esta oportunidad las investigaciones si puedan avanzar dentro de los plazos, y se sancione a quienes resulten responsables con todo el peso de la Ley. (Diario Amanecer)
Foto: Tito Solano Rodas, exalcalde de Jepelacio