Diario Amanecer

Declaran estado de emergencia en Shamboyacu y Tingo de Ponasa. Medida del Ejecutivo se extenderá por un lapso de 60 días calendario, también considera a las zonas afectadas aledañas.

San Martín. Las gestiones desarrolladas por el Gobierno Regional de San Martín en estrecha coordinación con Defensa Civil de las municipalidades provinciales y distritales, para la declaratoria de emergencia en algunas zonas de la región, ante las situaciones de peligro y emergencia a causa de las lluvias que ocasionaron el crecimiento de los ríos, dejando personas afectadas y damnificadas, ha tenido una respuesta positiva por parte del Ejecutivo.

En respuesta a ello, el gobierno nacional declaró el estado de emergencia en los distritos de Shamboyacu y Tingo de Ponasa de la provincia de Picota, debido al impacto de los daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

Una decisión administrativa que permite de inmediato la ejecución de medidas y acciones de excepción, urgentes y necesarias, de respuesta y rehabilitación según correspondan.

Así lo establece el Decreto Supremo N° 073-2022-PCM, publicado este sábado 25 en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, en el cual se precisa que esta medida se aplica por el plazo de 60 días calendario; cuya implementación de las acciones previstas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

Asimismo, la declaratoria de emergencia precisa que el Gobierno Regional de San Martín y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y demás instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.

Igualmente, la norma establece que estas acciones cuentan con la participación y apoyo de los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; además de los Ministerios de Interior, Defensa, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social.

Las acciones que se desarrollen deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes. (Nota de Prensa)