El negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso grupo Romero

El negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso grupo Romero.

Parte I

El sonido de las motosierras se expandió aquellos días de diciembre de 2012 en el caserío Jorge Chávez, en Loreto, como una mecha encendida sobre una pradera.

Los pobladores recuerdan que aquel zumbido ensordecedor los condujo al epicentro de la escena: cerca de 200 hombres talaban árboles en serie como en una fábrica de obreros presurosos, recuerdan las autoridades del caserío.

Días después, representantes del Ministerio Público identificaron que el terreno deforestado alcanzaba unas 500 hectáreas. “Son gente del Grupo Romero”, señalaron enfurecidos las autoridades del caserío en aquella inspección.

El influyente Grupo Romero tiene bajo su dominio más de quince empresas de diversos sectores, entre las que figura Palmas del Shanusi, que produce palma aceitera a gran escala en la región amazónica Loreto, en medio de denuncias de deforestación como las del caserío Jorge Chávez, en la provincia de Alto Amazonas.

Dionisio Romero, el presidente de este conglomerado, es uno de los diez hombres más poderosos del Perú y el tercero con más influencia en la empresa privada.

Ese episodio denunciado por los pobladores de Jorge Chávez fue apenas la puerta de entrada a un escenario sinuoso de compra y venta de tierras en los últimos diez años que derivó en una deforestación masiva en esta región de la Amazonía, en la que están comprometidos funcionarios públicos, notarios y empresarios en medio de un entramado de intrigas, amenazas, firmas y documentos falsificados, silencios y grandes intereses económicos.

Convoca.pe viajó al epicentro de la deforestación, accedió a centenares de documentos y entrevistó a decenas de personas claves que hoy permiten revelar hechos inéditos sobre los mecanismos ilegales para acceder a las tierras donde antes había bosques.

Cuando los pobladores de las zonas deforestadas empiezan a recordar cómo comenzó esta historia de tierras arrasadas, aparece un cansancio acumulado en sus rostros.

“A veces no sabemos en qué nos metemos, somos demasiado confiados. No quisiera hablar más de lo que pasó porque me arrepiento”, dice Keyller Majipo, un hombre de 44 años, quien asegura que vendió la constancia de posesión de un terreno de 42 hectáreas “con montaña, con árboles” a Palmas del Shanusi en febrero de 2014.

Lo encontramos en su casa en la ciudad de Yurimaguas escribiendo en una computadora porque ahora se gana la vida redactando documentos y sacando fotocopias para sus vecinos, lejos del sonido de las motosierras y del campo.

Pese a que han transcurrido más de diez años desde que el Ministerio Público empezó a investigar a la compañía del poderoso Grupo Romero, ahora es un momento decisivo para remover expedientes, testimonios y terrenos pantanosos. Veamos por qué.

Entre 2011 y 2013, la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente de Alto Amazonas emprendió tres investigaciones contra la empresa del Grupo Romero por presuntamente deforestar más de 1,700 hectáreas de bosques: una por la deforestación de 500 hectáreas en los sectores Nuevo Japón e Independencia, otra investigación por el desbosque de unas 800 hectáreas en Yurac Quebrada, donde la compañía adquirió cincuenta terrenos en 2010 y 2011, y la tercera por el caso de las 500 hectáreas en Jorge Chávez.

Palmas del Shanusi aseguró, mediante un correo electrónico enviado a nuestro equipo, que los procesos de Nuevo Japón e Independencia, así como el de Jorge Chávez corresponden al desbosque de las mismas tierras. Sin embargo, la Fiscalía y los pobladores señalan que se trata de dos zonas contiguas, no del mismo territorio.

En estos dos casos, el Poder Judicial absolvió a los directivos de la empresa Ronald Campbell y José Mercado Bartolo como autores mediatos del desbosque, pero esta fue anulada tras la apelación de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, que argumentó que había indicios de la participación de la compañía en la compra y venta de los terrenos deforestados.

Los investigados buscan revocar esta última decisión con un recurso de casación que ha sido admitido hace unos meses, pero como veremos en este reportaje surgen nuevas evidencias sobre la participación de la empresa en este entramado de transacciones de certificados de posesión de tierras desboscadas.

Mientras tanto, el caso del desbosque de unas 800 hectáreas en Yurac Quebrada se encuentra en la etapa de juicio oral y es el más sólido que tiene la Fiscalía para acusar a los representantes de Palmas del Shanusi: existen documentos que prueban que la empresa compró directamente por lo menos cincuenta terrenos en esta zona de bosques, además de imágenes satelitales que muestran cuándo comenzó la deforestación.

Pero en esta historia de David contra Goliat, aparece un personaje clave que viene del norte del país, de la región andina Cajamarca, con cierta maestría en el arte de esquivar embestidas y vivir al borde del peligro: Milton Artiaga Díaz, un ex torero recio de 48 años, que llegó a la Amazonía para abrirse camino, primero en el negocio del ganado, y luego en la producción de palma aceitera.

Artiaga es señalado por la Fiscalía como el testaferro de Palmas del Shanusi para la compra de certificados de posesión de terrenos por más de 300 hectáreas donde antes había bosques en los caseríos San Pedro de Mayrujay e Independencia.

Sin embargo, el Poder Judicial consideró que no había suficientes evidencias para probar esa conexión y absolvió a los representantes de Palmas del Shanusi del delito de desbosque.

Convoca.pe reconstruyó cómo sucedieron estas transacciones y los hechos que apuntan a esclarecer el nexo entre Artiaga, la empresa del Grupo Romero, el acceso a las tierras y la deforestación.

Nuestro equipo encontró en Alto Amazonas a la mayoría de los pobladores de los caseríos de Independencia y San Pedro de Mayrujay que aparecen en los contratos como vendedores de las constancias de posesión de los terrenos a favor de Milton Artiaga y todos aseguran que el acuerdo para esta venta fue con representantes de Palmas del Shanusi, no con Artiaga. Y que, además, vendieron sus tierras con bosque.

¿Cómo funcionaba el contacto con la empresa? Los ciudadanos aseguran que primero eran citados en la oficina de Palmas del Shanusi, en Pampa Hermosa. Ahí se establecía las coordenadas del área del terreno y el valor que se les pagaría.

Si el vendedor estaba de acuerdo con el monto luego debía asistir a una notaría para firmar el contrato y recibir un cheque que usualmente cobraban en el Banco de Crédito, entidad financiera que también pertenece al Grupo Romero.

Los pobladores aseguran que en todo ese proceso nunca vieron a Milton Artiaga Díaz ni siquiera durante la firma del contrato.

“No le conocíamos. Él (Artiaga) se metió después de que se ha hecho todo el negocio con el Grupo Romero”, asegura Juan Pinasco Fasabi, mientras nos alcanza la copia de un cheque del Banco de Crédito que lleva la firma de Héctor Dongo, quien era uno de los apoderados de Palmas del Shanusi.

El cheque que Juan Pinasco asegura que le dio la empresa al comprar uno de sus terrenos.

Pinasco figura como el vendedor de constancias de posesión de dos terrenos en San Pedro de Mayrujay en 2012: uno de 43 y otro de 46 hectáreas.

Entre los documentos del expediente fiscal, aparece como comprador Milton Artiaga Díaz, pero Pinasco muestra otros contratos donde figura el entonces representante de Palmas de Shanusi, Héctor Dongo, como el verdadero comprador.

¿Por qué firmó contratos de los mismos terrenos con distintos compradores?, preguntamos. “Me volvieron a citar a la notaría explicándome que había que corregir los documentos, entonces fui y firmé”.

Nixon Sánchez, otro ciudadano que vendió su terreno, asegura que la persona que estaba a cargo de las negociaciones fue José Mercado Bartolo, en ese entonces apoderado de Palmas del Shanusi.

Pero esa versión no sólo viene de los vendedores sino de personas que trabajaron para la compañía. Uno de ellos es Beder Panduro, quien recordó que Juan Pinasco lo contactó para vender sus tierras a la empresa porque sus vecinos ya habían vendido y no quería estar aislado luego que las tierras que poseían sus vecinos pasaran a manos de la empresa.

Panduro, un hombre de apariencia sosegada, explicó a Convoca.pe haber trabajado en Palmas del Shanusi entre 2012 y 2016 como la persona encargada de medir y georreferenciar los terrenos que luego eran vendidos a la empresa y de coordinar los trámites en las notarías.

En efecto, este poblador que hoy es jefe de una ronda de seguridad ciudadana en un barrio en Pampa Hermosa, ubicado a pocos minutos de la sede de la empresa, figura como representante de Palmas del Shanusi en un informe de verificación de desbosque realizado en 2012 por el Gobierno Regional de Loreto.

Pero no sólo se tratan de versiones, hay documentos oficiales a los que accedió Convoca.pe que revelan por primera vez la participación de la empresa Palmas del Shanusi en la compra de estas tierras que, según las inspecciones técnicas solicitadas por el Ministerio Público, antes estaban cubiertas de bosque.

Nuestro equipo identificó que entre 2016 y 2017, Palmas del Shanusi interpuso por lo menos 37 demandas de títulos supletorios, una figura legal que permite formalizar la propiedad, en este caso las constancias de posesión de terrenos, si es que se acredita haber adquirido estas tierras.

Acudimos al Archivo General de la Corte Superior de Justicia de la región San Martín y analizamos los expedientes completos de cuatro casos en los que la empresa del Grupo Romero demanda ante un juzgado de Yurimaguas la titularidad de terrenos que supuestamente habían sido comprados por Milton Artiaga mediante constancias de posesión: uno de Víctor Pisco Gómez, otro de Niler Mestanza Rimachi y los dos terrenos de Juan Pinasco.

Un mismo contrato y dos firmas distintas: en la demanda de título supletorio de Palmas del Shanusi contra Víctor Pisco aparece en el contrato la firma del entonces representante de la compañía, Héctor Dongo Martínez, y en el contrato privado por las mismas tierras aparece la firma de Milton Artiaga como el comprador.

En los contratos de compra venta que la empresa adjuntó como prueba para solicitar el título supletorio, se observa que se tratan de terrenos comprados por el mismo precio y en la misma fecha que figuran en las transacciones atribuidas a Milton Artiaga.

Lo distinto, esta vez, era la firma del comprador: “Palmas del Shanusi, representada por Héctor Eduardo Dongo Martínez”, el mismo directivo que aparece con el cheque de la compra del terreno de Juan Pinasco.

Al cruzar la información de los contratos de compra y venta de terrenos de los pobladores con los expedientes de los títulos supletorios aparecen coincidencias reveladoras.

Las coordenadas del terreno que vendió Niler Mestanza son las mismas que figuran en el contrato privado de venta de la constancia de posesión.

En uno de los terrenos de Juan Pinasco figuran tres zonas colindantes que en las demandas de título supletorio se señala como propietario a “Palmas del Shanusi” y que corresponden a los mismos terrenos que, según los contratos de compra y venta en las notarías, supuestamente fueron vendidos a Milton Artiaga por Katty Vela, Segundo Flores y el propio Pinasco.

Palmas del Shanusi presentó una demanda de título supletorio contra Juan Pinasco por uno de sus terrenos.

Sin embargo, en el contrato privado de compra y venta de este terreno quien aparece como comprador es Miton Artiaga. ¿Por qué la empresa solicitó el título de una propiedad que supuestamente compró Artiaga?

Al revisar una base de datos histórica de constancias de posesión entregada a Convoca.pe por la Agencia Agraria Alto Amazonas, verificamos que Vela, Flores y Pinasco no contaban con más posesiones aparte de las mencionadas y que son objeto de investigación de las autoridades. Por lo tanto, se tratan de los mismos terrenos.

En febrero de 2014, Palmas del Shanusi le compró un terreno de 42 hectáreas a Keyller Majipo. Al entrevistarlo, en su casa en Yurimaguas, Majipo refirió que vendió su terreno por necesidad y que no estuvo conforme con la transacción porque inicialmente la empresa le ofreció mil soles por hectárea (unos 356 dólares en ese entonces) y le terminó pagando 650 soles (213 dólares).

En el caso de Majipo, la empresa también interpuso una demanda de título supletorio para regularizar la posesión del terreno y obtener finalmente el título de propiedad.

En la Corte Superior de Justicia de San Martín se han identificado al menos otras treinta demandas de títulos supletorios de la empresa entre 2016 y 2017.

Entre idas y vueltas, los pedidos fueron declarados infundados por los jueces mientras avanzaba la investigación penal por deforestación en el Ministerio Público, sin embargo, al mismo tiempo estas demandas en la vía civil evidencian por primera vez el nexo de la compañía con las tierras deforestadas bajo sospecha.

¿Y cuál es la versión del investigado Milton Artiaga frente a estas denuncias? En sus declaraciones ante la Fiscalía, Artiaga aseguró haber desboscado 300 hectáreas por su propia cuenta y que “tal vez” sembró palma aceitera pero para su propio negocio.

Convoca.pe lo ubicó en su casa ubicada a pocos minutos de la sede de Palmas del Shanusi, en Pampa Hermosa, para conocer su versión en esta sinuosa historia de compra y venta de tierras en el corazón de la Amazonía peruana.

“Yo declaré a la Fiscalía que limpié los terrenos que tenían ‘purmas’ y ‘machopurma’, es decir donde no existía ningún tipo de madera, yo no dije que deforesté.

No era montaña virgen, había pasto, plátanos, cacao”, respondió fastidiado e incómodo por ser señalado como el testaferro de Palmas del Shanusi.

“Lo que yo sé es que esas tierras son mías, las he comprado legalmente, aquí están los contratos”, increpó Artiaga al mismo tiempo que mostraba los documentos con nerviosismo y cautela.

Hacía hincapié en que se trataba de los contratos originales mientras señalaba las firmas y los sellos de las notarías sin darnos la oportunidad de revisarlos ni fotocopiarlos.

Milton Artiaga es investigado por el Ministerio Público por desbosque en caseríos de Yurimaguas y señalado como testaferro de la empresa Palmas del Shanusi. Convoca.pe lo ubicó en su casa ubicada cerca de la sede de la empresa en Pampa Hermosa. Foto: Milagros Salazar Herrera/Convoca.pe

“Yo he invertido mucho dinero en esas tierras”, apuntó. ¿Cuánto dinero?, le preguntamos. Artiaga respondió que no recordaba pero sí enumeró sus diversas actividades como empresario que le han permitido hacer dinero y los servicios que ha brindado para Palmas del Shanusi: le vendía mulas para trasladar los frutos de la palma aceitera en el campo y aún le sigue vendiendo los frutos de este cultivo que el propio Artiaga asegura producir a lo largo de 100 hectáreas en el distrito Caynarachi (San Martín).

Al revisar sus propiedades en registros públicos, identificamos 10 terrenos en la zona, de los cuales 6 permanecen activos.

Artiaga asegura que tiene tierras en diversas regiones del Perú y que desde 2005 en que comenzó con el negocio de compra y venta del ganado ha vendido más de 2 mil mulas a varias compañías de palma aceitera, entre las que no solo figuran las compañías del Grupo Romero sino también de Ocho Sur, que opera en Ucayali y Loreto, en medio de denuncias de deforestación masiva heredadas por las actividades del empresario checo-estadounidense Dennis Melka, quien es investigado por el desbosque de más de 13 mil hectáreas.

En este reportaje revelamos información inédita sobre la compra y venta de tierras deforestadas que apuntan a este emporio comercial».

La compra de terrenos mediante el uso de constancias de posesión es ilegal según diversas normas del gobierno regional de Loreto, sin embargo es una práctica extendida en el campo, notarías y estudios de abogados.

Una constancia de este tipo acredita que una persona que no cuenta con título de propiedad trabaja el terreno para fines agrícolas.

Con el paso del tiempo, la regulación de su uso ha ido cambiando y a partir de 2013 se estableció que la extensión del terreno para adquirir ese derecho no podía exceder las 20 hectáreas debido a que su uso estaba permitido para pequeños agricultores.

En 1991, el gobierno de Alberto Fujimori creó el Registro de Predios Rurales para agilizar los trámites de titulación y posesión de las tierras mediante el decreto legislativo 667.

Ocho años después, con una ley modificatoria, se incluyó a la constancia de posesión como una de las formas para acreditar que se ha trabajado en el terreno pero no con el objetivo de que reemplace a un título de propiedad o que sirva para vender la tierra a otra persona.

El gobierno regional de Loreto prohibió en 2003 transferir a terceros terrenos que cuentan con constancia de posesión. Por lo tanto, la compra de estos 13 terrenos en San Pedro de Mayrujay e Independencia fue ilegal.

¿Entonces, cómo fue posible que Palmas del Shausi, una empresa poderosa dedicada a cultivos de palma aceitera a gran escala, y Milton Artiaga, un empresario próspero con amplia experiencia como se autodefine, hayan obviado estas normas? Convoca.pe identificó una serie de irregularidades en este carrusel de venta y compras de constancias de posesión.

Revisemos paso a paso el proceso de entrega de las 13 constancias de posesión que despertaron las sospechas del Ministerio Público.

El 19 de junio de 2012, dos meses antes de ser vendidos, las autoridades de la Agencia Agraria Alto Amazonas entregaron constancias de posesión de terrenos a Katty Vela, Niler Mestanza y Segundo Bardales en el caserío Independencia.

Un patrón similar se observa con la constancia de uno de los terrenos de Juan Pinasco Fasabi, otorgada el 20 de septiembre de 2012, cinco días antes de ser vendida. Estas cuatro constancias fueron las últimas en ser expedidas.

El otro terreno de Juan Pinasco Fasabi obtuvo la constancia de posesión el 30 de junio de 2011. Dos días antes, ocho constancias fueron aprobadas en bloque.

Se trataba de los terrenos de sus vecinos, con quienes Pinasco había formado la Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Japón años atrás y, según relataron para este reportaje, se encontraban negociando con la empresa Palmas del Shanusi la venta de estas tierras.

Un informe técnico de la Agencia Agraria Alto Amazonas de febrero de 2014 revela que 11 de estas constancias (menos la de Katty Vela y Segundo Bardales) fueron entregadas sin seguir el procedimiento regular.

Tampoco se acreditó que en dichas tierras se realizara trabajo agropecuario ni se precisaron la extensión de los cultivos permanentes y temporales como exigen las normas.

Informe técnico de la Agencia Agraria Alto Amazonas sobre las irregularidades en la emisión de las constancias de posesión.

Pinasco aseguró a Convoca.pe que no estuvo a cargo de coordinar con las autoridades ni con la empresa Palmas del Shanusi la entrega de las constancias de posesión como señalan otros testimonios recogidos por la Fiscalía.

Él afirmó que Nixon Sánchez, también de la Asociación Nuevo Japón, hizo las gestiones. “Nosotros queríamos hacer un préstamo agrario, no queríamos vender (…) por eso me pareció raro que la empresa intentara presionar para agilizar el trámite”, explicó Pinasco en su casa en Yurimaguas acompañado de varios fólderes voluminosos con papeles de todo el proceso de compra, venta y denuncias. Pinasco tiene la habilidad de documentar lo que dice.

Nixon Sánchez también tiene su versión y asegura que cada miembro de la asociación gestionó por su propia cuenta las constancias de posesión de sus terrenos y que no sabía que se aprobaron en bloque.

Lo cierto es que estas tierras fueron vendidas entre agosto y septiembre de 2012, al poco tiempo de que las constancias fueran emitidas, tal como vemos en los contratos en los que aparece Milton Artiaga como comprador, en los expedientes de la Corte Superior de Justicia San Martín donde la empresa Palmas del Shanusi reclama la titularidad de varias de esos terrenos y en los registros de las constancias de posesión entregados por la Agencia Agraria Alto Amazonas a Convoca.pe a través de un pedido vía la Ley de Transparencia.

La compra y venta de estas constancias ha dividido a los pobladores del caserío San Pedro de Mayrujay. Cada quien defiende sus intereses, cada quien tiene su versión de la historia. Los actuales dirigentes de este caserío ven a la Asociación Nuevo Japón como aliada de la empresa Palmas del Shanusi.

“Ellos (los de la asociación) se situaron en la altura del caserío, dos o tres años y luego se proyectaron a vender a Palmas (del Shanusi) con constancia de posesión.

No entendemos por qué una empresa tan grande compra terrenos con constancia posesión. Se ha hecho una compra ilícita”, reclamó Carlos Murayari, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios del caserío.

Los hermanos David y Santiago Flores Valderrama también vendieron sus tierras con constancia de posesión, pero a diferencia de Nuevo Japón, asegura que lo hicieron por falta de alternativas. “Algunos moradores hemos aceptado porque no sabíamos lo que iba a venir.

Yo me había quedado solo, me había quedado en el centro. Me habían dicho que yo no podía ingresar a mi terreno”, relató David.

Ambos figuran en el registro de la Agencia Agraria Alto Amazonas con constancias de posesión de dos terrenos, de 10 y 9 hectáreas, respectivamente.

Los documentos fueron expedidos el 30 de junio de 2011. Tiempo después aseguran que vendieron las tierras a la empresa y luego la Agencia Agraria dejó sin efecto el otorgamiento de las constancias. Los Valderrama, al igual que otros pobladores de este caserío, se quedaron en el limbo.

Pero en este carrusel de compra y venta de tierras, hay funcionarios de Estado involucrados.

En febrero de 2014, cuando la Fiscalía investigaba las compras de terrenos de Milton Artiaga, la Agencia Agraria Alto Amazonas identificó que las constancias de posesión de estas tierras se otorgaron sin verificar el trabajo agropecuario ni precisar su extensión.

Nueve constancias fueron aprobadas en junio de 2011 por José Correa Pezo, entonces director de la Agencia Agraria Alto Amazonas.

Luis Miguel Dávila Díaz figura como el profesional encargado de hacer las inspecciones oculares de los terrenos y de redactar los informes técnicos respectivos, 6 de los cuales fueron elaborados el mismo día.

Sin embargo, Dávila no estaba registrado en la relación de trabajadores de la Agencia Agraria, según precisan las investigaciones posteriores que realizó la entidad,

Convoca.pe logró ubicar a Dávila, quien refirió que prestaba servicios a la Agencia Agraria como consultor externo y que, en el caso de los 9 informes, falsificaron su firma. “Deberían existir seis órdenes de salida para ese mismo día, pero eso no es así.

Esa información es falsa. Nadie puede hacer seis informes en un solo día. Además, si usted recopila todos mis informes técnicos, va a notar diferencias en el contenido: la otra persona que escribe es más puntual, yo narro desde el momento en que he llegado”, explicó Dávila.

También contactamos a José Correa Pezo, quien era director de la Agencia Agraria en ese entonces y aprobó la emisión en bloque de estas constancias.

El exfuncionario se defendió apelando a la falta de memoria: aseguró que no recordaba esa situación porque los hechos sucedieron hace más de una década.

Correa y Dávila no son los únicos investigados por la emisión de constancias de posesión irregulares. Según el informe de la Agencia Agraria también están involucrados en estas gestiones Marco Nureña Hidalgo, quien fue director de la Agencia Agraria en 2007, el fallecido Hebert Oliva Cachay, director en 2012, y Julián Camus del Castillo, quien trabajó como consultor externo.

A Camus del Castillo se le cuestiona que haya firmado un perfil del proyecto para el otorgamiento de la constancia de posesión de uno de los terrenos de Juan Pinasco, a pesar que esa gestión no formaba parte de sus funciones.

“El tema está en fuero administrativo, así que me reservo a dar algún tipo de declaración”, respondió Camus del Castillo cuando se le consultó sobre aquella firma.

Mientras que atribuyó la ausencia de la información de las extensiones de los terrenos de las constancias a mucha carga laboral.

Sobre Marco Nureña, el informe de la Agencia Agraria Alto Amazonas menciona que no se incluye el área georreferenciada del terreno ni se adjunta un informe técnico a pesar que son parte de los requisitos para aprobar una constancia de posesión.

Al respecto, Nureña sostuvo que en 2007, cuando fue director de la Agencia Agraria, la entidad no contaba con GPS para hacer el trabajo de georreferenciación, pero que el informe técnico sí fue elaborado y se encuentra en la Agencia Agraria. «No sé quién le habrá mentido”, increpó.

Dávila y Camus del Castillo rechazaron cualquier vínculo con la empresa para la emisión de estas constancias de posesión.

“Siempre hemos estado un poco alertas frente a eso y he actuado con cautela para seguir los lineamientos y no caer en ninguna irresponsabilidad”, aseguró Camus del Castillo.

Palmas del Shanusi continúa adquiriendo terrenos en Alto Amazonas. El 28 de octubre de 2021, la Agencia Agraria Alto Amazonas emitió 43 constancias de posesión a nombre de la empresa en el caserío Túpac Amaru, según una base de datos de la misma entidad a la que accedió Convoca.pe.

La compra de tierras bajo diversas modalidades ha persistido en los últimos años. Nuestro equipo identificó que la empresa del Grupo Romero adquirió casi la mitad de un grupo de terrenos que fueron titulados en bloque tan solo un año antes.

El 30 de noviembre de 2018, la Dirección Regional de Agricultura dispuso la titulación masiva de 37 predios ubicados en tres quebradas de Alto Amazonas. El 10 de octubre del siguiente año, la empresa compró 16 de esos terrenos, con precios que oscilaban entre 200 o 300 soles la hectárea (entre 59 y 89 dólares).

La mayoría de los pobladores que vendieron sus tierras a Palmas del Shanusi coinciden en que se vieron presionados por la empresa a vender sus terrenos.

“No quiere vender, está bien, pero de hoy en adelante vamos a poner una tranquera y usted no va a poder salir a Yurimaguas cuando quiera. Van a controlar su salida y entrada, y vamos a tener guardián”, recordó Juan Pinasco haber escuchado a Beder Panduro.

“Y dicho y hecho: pusieron entrada con guardianes que vigilan el área, guardianes del Grupo Romero. ¿Cómo íbamos a vivir así?”, agregó.

Carlos Murayari, del caserío San Pedro de Mayrujay, dio la misma versión. “Nos decían, ‘si no venden, no van a tener entrada’”, recordó Bercella Pérez, propietaria de un terreno en Túpac Amaru.

Adriano Minga, otro exhabitante del mismo caserío también aseguró que él y su esposa fueron uno de los últimos en vender su propiedad y que finalmente accedieron debido a las presiones de la empresa, que les advertía que les iba impedir el acceso a su propiedad.

Otro caso similar es el de Benito Pérez Aguilar, quien señaló en su declaración ante la Fiscalía que la empresa lo rodeó y sin dejarle más opciones, le propuso un bajo precio por su tierra.

Convoca.pe corroboró en registros públicos de propiedades que Pérez fue uno de los últimos en vender su terreno a Palmas del Shanusi ya que la empresa ya había comprado semanas antes las propiedades que la rodeaban y que pertenecían a Leonardo Silva Huancas y Maria Luisa Tapullima.

La compañía del Grupo Romero compró unos cincuenta terrenos con título de propiedad en Túpac Amaru, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011.

La Fiscalía investigó a la empresa por estas adquisiciones y a más de 40 expropietarios de estos terrenos por el delito de deforestación debido a que existe una controversia en las versiones y en las evidencias. Por un lado.

Palmas del Shanusi asegura que los terrenos fueron vendidos desboscados y los pobladores argumentaron que vendieron con «montaña, con árboles» y fue la compañía la que taló el bosque.

«Desboscar cada hectárea costaría unos 500 soles (unos 136 dólares). Imagínese hacer esa inversión en todos los terrenos vendidos, con lo que nos pagaron no saldría a cuenta.

Nosotros hemos vendido con bosques en pie y la empresa lo sabe», aseguró Adriano Minga a Convoca.pe.

El precio por el que la empresa compró los terrenos en Túpac Amaru fue entre 900 y 1000 soles la hectárea (entre 323 y 359 dólares en ese entonces), de acuerdo al análisis que realizó nuestro equipo con la información en registros públicos.

«Nos han denunciado, pero yo no he tumbado ni una hectárea del terreno. Yo lo he entregado enterito», se defendió José Sánchez Cotrina.

Mirla Sangama, otra de las que vendió su propiedad a Palmas de Shanusi, sostuvo una versión similar y asegura que “no haber desboscado ni un pedacito”.

Sin embargo, en el expediente fiscal de este caso, que aún sigue en etapa del juicio oral, aparecen en contratos de la compra y venta de estos terrenos anotaciones que hacen referencia a que fueron vendidos desboscados.

Para los expropetarios esa fue una trampa de la compañía porque no leyeron con atención los documentos que firmaron.

La mayoría recurre al mismo argumento para defenderse y acusar a la empresa de ser responsable del desbosque: el precio por el que fueron compradas las tierras, aseguran, es muy bajo para que las tierras hayan sido vendidas desboscadas.

Los datos anuales de Geobosques indican que, en Tupac Amaru, la mayor parte de la pérdida de bosque de los predios comprados por Palmas de Shanusi fue entre 2010 y 2011, años de las compras.

Sin embargo, en las propiedades de María Tangoa, Marcos Padilla y Alfonso Silva, se nota claramente que la mayor parte de deforestación fue en 2012, año en que las tierras ya pertenecían a la empresa.

En el caso de deforestación de Túpac Amaru están involucrados Jorge Lozano Melendez y July Doris García, dueños de Agroindustria Alto Amazonas S.R.L., empresa dedicada a la venta de alimentos.

La pareja de empresarios compró 8 terrenos en este caserío con precios que oscilaron entre 200 y 300 soles la hectárea, incluso uno fue comprado a 28 soles la hectárea (cerca de 8 dólares la hectárea en ese entonces).

Poco tiempo después, Lozano y García vendieron esos terrenos a la empresa a unos 900 soles la hectárea (aproximadamente 323 dólares). Es decir, un precio tres veces mayor.

En diálogo con Convoca.pe, Jorge Lozano aseguró que vendió los terrenos a la compañía del Grupo Romero con bosque. El empresario fue evasivo y evitó dar evidencias de su versión.

El notario a cargo de avalar los contratos de compra y venta de los terrenos de Tupac Amaru fue Alfonso González Villavicencio.

En sus declaraciones judiciales, diversos expropietarios señalaron que cuando firmaban los contratos, González no les permitían leer el contenido del documento. “No nos dejaban leer, nos hacían firmar así nomás. Apurado.

Firmamos un bloque de papeles. y no nos daban tiempo de leerlo porque era tarde. Tampoco nos dieron copia”, aseguró Mirla Sangama.

En las declaraciones ante la Fiscalía, los expropetarios mencionan otro dato importante: el notario González Villavicencio nunca fue a sus propiedades a constatar si el terreno se encontraba desboscado.

Convoca.pe ubicó en Yurimaguas al notario González para recoger sus descargos sobre estas acusaciones.

“Imagínate si nosotros estuviéramos viendo todo, yendo a constatar qué están haciendo en el terreno, a constatar si la persona es realmente el posesionario.

Si vienen al día diez contratos, ¿hay que ir a caminar todas esas zonas agrestes? Por eso la ley protege al notario: por si acaso, tú legalizas la firma, no el contenido, salvo que tú veas de primera que hay un delito en el contenido”, respondió.

Con respecto a las acusaciones de que no dejaba leer el contrato, el notario González mencionó que “cualquier persona antes de firmar tiene que leer y cualquier cosa que no entiende, pregunta”.

Nuestro equipo solicitó en forma reiterada una entrevista con los representantes de Palmas del Shanusi, insistimos a lo largo de tres semanas.

Ante el silencio, enviamos una lista de preguntas al responsable de comunicaciones del Grupo Palmas, Aldo Chávez, quien respondió que los directivos de la compañía no tenían tiempo para atendernos.

Chávez envió por correo electrónico una breve descripción de cada investigación que ha enfrentado la compañía en la Fiscalía.

Por lo demás, la empresa ha preferido el silencio. Sin embargo, los hechos que hoy revelamos son claramente elocuentes.

Diario Amanecer