En riesgo la construcción de carretera al puente Motilones. Obra podría paralizarse indefinidamente. GORESAM emite cuestionada resolución que generaría un millonario perjuicio.
Moyobamba. En un acto aparentemente irregular, el gobierno regional de San Martín resolvió el contrato de supervisión de la obra: “Mejoramiento del camino vecinal: Buenos Aires – Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) – Flor de Mayo, en la margen izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba – provincia de Moyobamba – departamento de San Martín”, aduciendo que un ingeniero de la supervisión habría presentado documentación falsa sobre su experiencia profesional.
Sin embargo, el ingeniero Mayer Gómez Ríos, quien según el gobierno regional no cumpliría con la experiencia requerida en la supervisión, presentó un escrito de descargo con documentación que acredita de manera inobjetable su experiencia.
“No solo he presentado mis certificados de trabajo, lo que legalmente es suficiente para acreditar la experiencia profesional. También he mandado mis contratos legalizados, facturas, boletas de pago y hasta declaraciones juradas de mis anteriores empleadores”, declaró el ingeniero.
17 MILLONES DE RAZONES
Según la información recabada por este medio de comunicación, la verdadera razón por la que el gobierno regional toma esta cuestionada decisión, de resolver irregularmente el contrato de supervisión, es que la empresa supervisora se ha negado a aprobar un millonario “adicional” de más de 17 millones de soles, en favor de la empresa Constructora Inmobiliaria Río Huallaga, empresa que ganó la buena pro para esta obra, y que además está implicada en la investigación que se viene realizando desde la Fiscalía Anticorrupción, por el caso “Los Elegantes del Norte” y la cuestionada licitación de la obra de la carretera y puente a Sauce; y que ahora, la actual gestión del gobierno regional de San Martín, encabezada por el Gobernador, Walter Grundel, insiste en pagarle sin ningún sustento técnico.
En efecto, el Consorcio Vial Motilones (integrada por Constructora Inmobiliaria Río Huallaga), a quien el Gobierno Regional le otorgó la buena pro (pese a los graves cuestionamientos en su contra) para la construcción de esta carretera, ha solicitado cambiar la superficie de rodadura TBC (Tratamiento Superficial Bicapa) por MAC (Mezcla de Asfalto en Caliente), para lo cual cobraría un adicional de S/. 17’ 667,754.27 (diecisiete millones seiscientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro soles) en contra de lo establecido en el expediente técnico.
A pesar de la extraña insistencia de funcionarios del gobierno regional por aprobar el adicional en favor del contratista, los profesionales de la supervisión emitieron un informe técnico detallando las razones por las cuales no se debe cambiar el expediente técnico, más aún si esto significa encarecer innecesariamente el proyecto en perjuicio del Estado.
Pese a ello, la respuesta del gobierno regional fue aprobar el pago adicional, favoreciendo a la empresa Constructora Inmobiliaria Río Huallaga, por más de 17 millones de soles, en contra de la opinión técnica de la supervisión y saltándose el procedimiento regular, para luego buscar un pretexto para anular el contrato con la supervisión y nombrar en su remplazo a un inspector de obra, lo cual además está prohibido expresamente por la ley de contrataciones del Estado.
Según la doctora Claudia Reyes, abogada especialista en contratación pública, una obra de la envergadura de la carretera Puente Motilones, no puede construirse sin contar con una supervisión.
“El artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor a 4 millones 300 mil soles, y esta obra está valorizada en más de 60 millones de soles. Poner un inspector en vez de una empresa supervisora no solo es ilegal, sino técnicamente imposible. La Contraloría podría anular esta contratación y denunciar penalmente a los responsables”, manifestó la abogada especialista en contratación pública.
PARALIZACION DE OBRA
De insistir en estas irregularidades, el gobierno regional provocaría la paralización de la obra de construcción, perjudicando a más de 80 mil habitantes de la margen izquierda del río Mayo y de la provincia de Moyobamba, que esperan esta carretera desde hace varios años.
En principio, la obra quedaría paralizada durante el plazo que tome convocar a un nuevo concurso público para la contratación de otra empresa supervisora. Según especialistas, esto tomaría, en el mejor de los casos, hasta cinco meses, a los que se agregarían el plazo de instalación de la nueva supervisión y los meses del periodo de lluvias, en los que no se puede trabajar. En promedio, serían 10 meses de paralización, por los que se tendría que aprobar una ampliación de plazo y un nuevo adicional en favor del contratista. Más millones del Estado en favor de esta cuestionada empresa constructora sin haber movido ni una piedra. Las acciones de control de la Contraloría y las acciones penales que podrían producirse podrían dejar paralizada la obra por un tiempo indefinido. (Diario Amanecer)
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