Diario Amanecer

Esposa del jefe de la Reconstrucción con Cambios ganó contratos con el Gobierno. Margory Goicochea, esposa de, Rober López, logró órdenes de servicio en tres entidades del Ejecutivo.

San Martín. Durante el 2022, Margory Goicochea Suelpres, esposa de Robert López, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ha sido contratada en tres entidades del Ejecutivo por S/70.000 en total.

Los entes son el Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) e Indecopi.

Los dos primeros están adscritos al Ministerio de Vivienda, y el tercero a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al igual que la ARCC.

Goicochea, ingeniera industrial de 30 años, empezó a ganar los contratos en la primera mitad de este año, luego de que su esposo comenzara a asumir puestos claves en el gobierno de Pedro Castillo.

El 1 de enero de este año, López –natural de Amazonas pero que radica en San Martín, donde fue gerente del Proyecto Huallaga del gobierno regional y candidato al Congreso– asumió como gerente general del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, adscrito a Vivienda, entonces dirigido por Geiner Alvarado, también de Amazonas.

Sin embargo, solo estuvo cinco días en el cargo, ya que el 5 de enero pasó a dirigir el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), también adscrito a Vivienda.

En marzo, López dejó el PNSU para pasar a coordinar el equipo especial de la Reconstrucción con Cambios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El 25 de abril, su esposa, Margory Goicochea, se entrevistó con un funcionario del programa Agua Segura para Lima y Callao, en ese entonces dirigido por el excongresista José Maslucán. Tres días después, Goicochea logró una orden de servicio en el PASLC por S/10.000.

En su declaración a la fiscalía del 17 de agosto, el colaborador eficaz 02-2022 afirmó que López y Maslucán fueron nombrados en esos programas por orden del prófugo empresario Segundo Sánchez, uno de Los Chiclayanos y parte del ‘buró político’ del presidente Castillo.

López llegó a la ARCC el 18 de mayo, cuando se publicó la resolución –firmada por el primer ministro Aníbal Torres– que lo nombraba director ejecutivo, un cargo con rango de ministro.

Por su puesto en esta entidad, que maneja un presupuesto de unos S/9.000 millones, ha acompañado al presidente a distintas ciudades del país para inaugurar obras.

Semanas después, Goicochea fue contratada en Indecopi –a cargo del perulibrista Julián Palacín– para supervisar los contratos de la coordinación de servicios generales de la entidad. Por el trabajo recibió S/30.000.

El 19 de julio, el Programa Nacional de Saneamiento Rural la contrató –a través de una orden de servicios por S/30.000– como asistente técnica para hacer seguimiento del avance de proyectos de inversión.

Por último, el 22 de setiembre volvió a ser contratada por el Indecopi, esta vez para asesorar en “materia de integridad, ética, transparencia y control interno”.

Ante las órdenes de servicio obtenidas por Goicochea, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) alertó que ella estaría impedida de contratar con el Estado porque López es funcionario.

El Comercio buscó la versión de Goicochea, pero no fue ubicada en Lima. Un empleado del hotel que la pareja tiene en Moyobamba (San Martín) señaló que ella viajaba continuamente.

Robert López respondió a este Diario que su esposa no está impedida de contratar con el Ejecutivo. “Ella ha laborado en el [programa de] saneamiento rural, donde yo no estuve. Actualmente está en Indecopi”.

“La ley a mí no me alcanza, alcanza al presidente, vicepresidente, congresistas, ministros y otros funcionarios. Yo he mandado a revisar [el caso]”, recalcó.

López se refiere a un informe legal que pidió elaborar en setiembre. Este concluye que su esposa puede ser contratada por órdenes de servicios menores o iguales a 8 UIT (cada una es de S/4.600), siempre que no sea en la misma entidad; es decir, la ARCC. El informe no considera que el PNSR y el Indecopi pertenecen a Vivienda y a la PCM.

Para el abogado José Antonio Trelles, especialista en contrataciones con el Estado, la conclusión del informe mencionado por López es incorrecta.

“Siendo un funcionario de un cargo de confianza, como lo es un director ejecutivo, que es designado por el ministro, se encuentra en el supuesto del impedimento absoluto, no impedimento relativo. […] Por tanto, la contratación realizada por la esposa resulta nula, porque no puede contratar con el Estado mientras el esposo tenga este cargo de confianza”.