Diario Amanecer

Expediente de puente y vía a Sauce con “graves fallas”. Gerente de Infraestructura GORESAM miente al señalar que no existen observaciones.

Moyobamba. Tal como ocurrió anteriormente con el caso del tomógrafo chino (que hasta ahora no funciona en el hospital de Tocache), el gerente de infraestructura del Gobierno Regional, vuelve a incurrir en mentiras para justificar las graves fallas y observaciones que contiene el expediente técnico de la carretera y puente a Sauce (el cual le costó 2.5 millones de soles al GORESAM), proceso que se encuentra “en suspenso” y en manos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

El Ing. César Panduro, gerente de infraestructura del GORESAM, brindó una entrevista al diario “Voces” en la cual manifestó: “Por último, la norma no exige que un expediente técnico lleve la firma de un jefe de proyecto”, expresión que carecería de veracidad, según lo señalado por el exdecano del Colegio de Ingenieros de San Martín – Tarapoto, Ing. Arquímedes Vargas Rodríguez, quien señala que por el contrario, la norma si exige la firma del jefe de proyecto del expediente técnico, por ser el profesional que tiene la responsabilidad de la elaboración de dicho documento, dejando sin piso la versión dada por el funcionario del GORESAM.

Pero otro hecho aún más grave, fue el que conocimos tras la consulta con abogados especialistas en contrataciones del Estado, y es que en el acta de otorgamiento de la buena pro, como ya lo hemos señalado en una nota anterior, el que gana es el “Consorcio El Sauce”, conformado por José Filomeno Córdova Rojas y José Luis Bendayán Miguel, por lo que dicho expediente técnico debió ser entregado oficialmente por el “Consorcio El Sauce”, el cual sin embargo, ya no existía al momento de la entrega de este documento a finales de abril del 2021, por cuanto el Ing. José Luis Bendayán Miguel, había fallecido el 9 de marzo del 2021.

“Al fallecer uno de los integrantes del Consorcio, si éste no ha comunicado el hecho en su momento a la entidad contratante, entonces el contrato queda nulo, así como el expediente que se estuvo elaborando, pues el acta de otorgamiento de la buena pro señala que esta recae en un consorcio conformado por dos personas naturales, y si una de ellas fallece, automáticamente queda sin efecto el consorcio, lo cual debió ser notificado de inmediato por el otro integrante. Si no lo hizo, no debió entregar dicho documento, menos si la firma de quien aparece como responsable del proyecto es una persona que ya había fallecido antes de la entrega del documento”, señalaron.

Pero esta no es la única mentira en la que habría incurrido el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de San Martín, pues en otra parte de la misma entrevista señala que el expediente técnico “está bien elaborado” y que “no tiene ninguna observación”.

“Como Gobierno Regional nos reafirmamos en el tema de seguir adelante el proceso de selección, porque para nosotros el expediente técnicamente está bien elaborado, ha sido evaluado por los especialistas del GORESAM, incluso evaluado dos veces por PROVIAS descentralizado, ha pasado muchos filtros técnicos para ver su validez técnica, de tal forma que ahora incluso de este proceso de selección no hay ninguna objeción al expediente técnico, por lo tanto para nosotros ese expediente técnico está bien elaborado, esa es nuestra posición y estamos amparados en la norma peruana que señala que para que un expediente sea aprobado necesita la firma de quien lo ha elaborado, el informe de quién lo evalúo, quien lo aprueba, quién es el funcionario responsable de la entidad y que este proceso administrativo también cumple este expediente, se ha cumplido esa parte.”, cita textual recogida de la nota publicada en la edición del sábado 05 de noviembre del diario Voces.

Cómo entonces explica el gerente de infraestructura del GORESAM, que, si como señala que el expediente técnico “no tiene ninguna observación”, existan más de una docena de observaciones publicadas en el portal del SEACE, entre las cuales figura incluso una sumamente grave.

“De la revisión del expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa, que el presente proyecto no cuenta con un Estudio de Gestión de Riesgo, toda vez que el documento que figura publicado en el SEACE no ha sido suscrito por ningún profesional ni por el Ing. Jefe de Proyecto. Ante los hechos descritos, siendo de suma gravedad lo constatado, solicitamos a la Entidad nos proporcione el expediente en versión impresa, verificando que el expediente técnico NO CONTIENE EL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO, toda vez que igualmente el documento que figura en el expediente técnico con dicha denominación, no ha sido suscrito por ningún profesional.

Lo antes expuesto, vulnera la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, que dispone que, al elaborar el expediente técnico, la Entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

De lo expuesto resulta claro que, a efectos de convocar un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de una obra pública, el área usuaria debe haber formulado previamente como parte de su requerimiento, el expediente técnico de obra, el cual debe contener la descripción objetiva y las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, siendo uno de éstos la asignación de un plan de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra.

Siendo esto así, se ha transgredido las disposiciones legales que rigen la materia y los lineamientos de observancia obligatoria consignados en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, por lo que LA ENTIDAD DEBERA DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Otra observación: “De la revisión del expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa, que el presente proyecto no cuenta con las autorizaciones necesarias para la explotación de las canteras, de igual manera es oportuno dejar constancia que, se sabe que la responsabilidad de las licencias y permisos son de entera responsabilidad de la entidad, por lo tanto, se solicita publiquen las autorizaciones correspondientes a cada una de las 6 canteras a utilizar, ya que de acuerdo a lo establecido por el ministerio de energía y minas y el ministerio de transportes y comunicaciones, estas canteras deberán contar con las autorizaciones correspondientes de explotación según el DS 037-96- EM (utilización de canteras para ejecución de obras públicas).

Entiéndase que para realizar la explotación se debe contar con la calificación de obra pública emitida por el MTC y posteriormente inscrita en el pre-catastro minero del INGEMET, situación que observamos se ha pasado por alto, dado que no se ha publicado las autorizaciones correspondientes.

Finalmente, se hace de conocimiento también que el tiempo de duración del trámite oscila entre 3 a 6 meses, precisar también que el permiso y autorización son obligaciones fundamentales del Gobierno Regional de San Martin, mismo que debió realizar los trámites oportunamente evitando que el contratista que estará a cargo de la ejecución del proyecto materia del presente procedimiento de selección pueda incurrir en paralizaciones.”

Estas son solo alguna de las graves observaciones hechas por los postores que están participando en esta millonaria licitación y que ya han sido elevadas al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en cuyas manos se encuentra en estos momentos la decisión final de aprobar que se continúe con el proceso de selección (pese a las graves observaciones planteadas) o que este finalmente se anule y se retrotraiga, por las graves fallas evidenciadas en el expediente técnico.

El Diario Amanecer tuvo además acceso a documentos internos del Gobierno Regional de San Martín, en el cual se da cuenta de las gestiones que se vienen realizando desde agosto de este año por parte de la Autoridad Regional Ambiental – ARA, ante la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre las funciones delegadas en materia de Certificación Ambiental.

“Mediante Oficio Nº 2847-2022-MTC/16, de fecha 17 de agosto del 2022, la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, se expresa sobre la vigencia del convenio que culminó el 05 de diciembre del 2021, sobre el cual solicita al GRSM remitir un reporte ordenado cronológicamente de todas las certificaciones ambientales emitidas desde el 05 de diciembre del 2021 hasta el 17 de agosto del 2022, además NOS EXHORTA NO EMITIR CERTIFICACIONES AMBIENTALES de las declaraciones de impacto ambiental – DIA, y/o conformidades o no conformidades a las Fichas Técnicas Socioambientales (FITSA) del sector Transporte posterior a la notificación del presente oficio”, señala textualmente un oficio interno del GORESAM.

Esto quiere decir, que la Resolución Ejecutiva expedida por la Autoridad Regional Ambiental – ARA, a finales de diciembre del 2021, aprobando los estudios de impacto ambiental de la obra del puente y carretera a Sauce, carecería de legalidad y estaría siendo observada por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, por cuanto el convenio que le delegaba facultades al GORESAM en este aspecto, había vencido el 05 de diciembre del 2021.

Frente a todos estos hechos, se espera no solo un pronunciamiento público del propio Gobernador Regional, Pedro Bogarín, sino también de las organizaciones civiles como el FRECIDES, el Frente de Defensa de Sauce, nuestros cuatro congresistas de la República y los representantes de los Colegios Profesionales, pues se trata de una de las obras más emblemáticas y costosas que estaría ejecutando el Gobierno Regional de San Martín, y como ya ha ocurrido en muchas oportunidades, los problemas en la ejecución de las obras siempre tiene un mismo origen: Las graves fallas existentes en los expedientes técnicos, y este expediente no tiene una o dos, sino varias y graves fallas, lo cual vislumbraría una serie de problemas durante su ejecución, trayendo consigo los inevitables “adicionales”, las ampliaciones de plazo e incluso que la obra quede paralizada, inconclusa y hasta en arbitraje. (Diario Amanecer)