Intereses y visitas alrededor de un nuevo intento por cambiar la ley forestal. OjoPúblico accedió a una propuesta que busca cambiar 12 artículos de la actual Ley Forestal para incentivar la extracción maderera y actividades agroindustriales en la Amazonía.
En los últimos meses, a través de visitas y reuniones con congresistas de diferentes bancadas, distintos gremios han intentado debilitar la Ley Forestal con una propuesta archivada con una votación cerrada en marzo pasado, pero que estuvo a punto de ser aprobada en el Legislativo. Ahora, desde el Poder Ejecutivo, también se ha empezado a discutir un proyecto que pretende modificar 12 artículos de la mencionada norma, para brindar facilidades a la extracción maderera y otras actividades agroindustriales que operan en la Amazonía.
La propuesta plantea, entre otros puntos, que personas posesionarias de tierras puedan formalizar territorios de hasta 100 hectáreas para un posterior uso agroforestal con un “plazo indeterminado”. Además, en el documento se propone que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tenga la responsabilidad de aprobar zonificaciones ambientales, tarea hoy a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam).
Fuentes consultadas del sector indicaron que el proyecto —al que accedió OjoPúblico— se presentó en una sesión de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal o simplemente Mesa Forestal, un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde el Gobierno coordina con el sector privado sobre distintas medidas para beneficio de este rubro económico.
En este espacio se ha recogido la postura de los gremios sobre la implementación de medidas para garantizar el origen legal de la madera. Luego de estas reuniones, el Servicio Nacional Forestal (Serfor) ha retrasado la obligatoridad en el uso del libro de operaciones de los aserraderos, que registra los ingresos y salidas de madera, como informó OjoPúblico en un reciente artículo.
Entre sus 20 integrantes, la Mesa Forestal tiene representantes de ministerios, gobiernos regionales, la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), así como la Confederación Nacional Forestal del Perú (Conafor) y la Cámara Nacional Forestal.
Pese a la relevancia pública de los temas discutidos, los detalles de la agenda no son públicos debido a que el espacio —según dijo el MEF en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por este medio— no requiere suscribir actas dada su “operatividad” en las actividades que realiza. Las mismas, agregaron, son una “herramienta de gestión” entre el Estado y el sector privado.
Frente a esta limitación, a partir del registro de visitas oficiales a ministerios y al Serfor, OjoPúblico conoció a los participantes de las últimas sesiones de la Mesa Forestal y otras reuniones donde se encontraron ex autoridades, representantes de organizaciones y una empresa relacionada a una investigación por deforestación en la región Ucayali.
Encuentros clave
En marzo pasado, semanas después de que la iniciativa que pretendía cambiar la Ley Forestal se archivó en el Congreso, altos funcionarios del Midagri, el MEF y el Serfor recibieron la visita de ex autoridades y representantes del sector.
Este medio identificó a cuatro personajes —vinculados al rubro palma aceitera y de manejo ambiental— que registraron “reuniones de trabajo” en las carteras que, según el documento revisado, tienen un rol activo en la nueva propuesta presentada en la Mesa Forestal.
Una de las primeras visitas registradas fue la de Juan Manuel Benites Ramos, ex ministro de Agricultura y presidente del Instituto Crecer, que tiene entre sus asociados al Grupo Palmas —parte del Grupo Romero— con operaciones en Loreto, San Martín y Ucayali.
El 8 y el 26 de mayo pasados, Benites Ramos se reunió con la saliente titular del Midagri, Nelly Paredes Del Castillo. En ambos encuentros estuvo poco más de una hora y no participaron más personas. Además, en diversas publicaciones periodísticas, el extitular del Midagri ha destacado la importancia económica para el país de la palma aceitera.
A inicios de abril, como informó OjoPúblico, Benites Ramos visitó el despacho de la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien solicitaba reconsiderar la votación de la propuesta archivada que cambiaba la Ley Forestal.
Su experiencia la ha convertido en una recurrente visitante de la Mesa Forestal en el MEF, donde ha participado como persona natural, así como en representación de la organización GCF Task Force y la Coalición para una Producción Sostenible. Esta última tiene, entre sus miembros, a empresas del sector palma aceitera y cacao.
Una segunda persona activa en las distintas oficinas públicas es Fabiola Muñoz Dodero, exministra de Agricultura, del Ambiente y exdirectora ejecutiva del Serfor.
De acuerdo al registro de visitas revisado, Muñoz Dodero ha tenido —entre junio y julio último— tres reuniones con Ivonne Rocío Echevarría Hurtado, cabeza del equipo especializado de mesas ejecutivas. La exautoridad también registra encuentros de trabajo en otros dos sectores: Midagri y Serfor.
A detalle, entre junio y julio, visitó en tres oportunidades a Christian Alfredo Barrantes Bravo, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Midagri; así como a Juan Carlos Castro Vargas, director general de Asuntos Ambientales Agrarios de esta cartera. Mientras que, en julio, tuvo dos reuniones con Luis Alberto Gonzales Zúñiga Guzmán, director ejecutivo del Serfor.
En el listado de visitantes a distintas carteras del sector económico y forestal también aparece Gustavo Suárez de Freitas Calmet, coordinador en Perú de Earth Innovation Institute y extitular del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente.
El especialista ha participado en sesiones de la Mesa Forestal entre junio y julio. Además, registra dos encuentros con el titular del Serfor, Luis Alberto Gonzales Zúñiga, en abril y el 17 de julio. El último de ellos tuvo una duración de más de cuatro horas y también contó con la participación de Fabiola Muñoz Dodero.
El pasado 7 de julio, Suárez de Freitas Calmet visitó —junto a Fabiola Muñoz Dodero— al viceministro Christian Alfredo Barrantes Bravo. Luego, el 22 de junio, también acompañó a Muñoz Dodero a una reunión en la oficina de Juan Carlos Castro Vargas, director general de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri. La misma tuvo una duración de más de dos horas.
Un cuarto participante de las reuniones en la Mesa Forestal es Alfonso Manuel Morante Chávez, gerente de finanzas de Ocho Sur. El directivo participó en las sesiones del 14 de junio y del 25 de julio pasado de este espacio, realizadas en las instalaciones del MEF.
En ninguno de estos encuentros Morante Chávez se registró como trabajador de la empresa de palma aceitera, sino que lo hizo como persona natural o representante de la Cámara de Comercio de Ucayali.
Al ser consultada por la participación de su directivo en los espacios del MEF, Ocho Sur aseguró, a través de una respuesta enviada por correo electrónico, que la empresa no participa en ninguna mesa convocada por el ministerio. La presencia de Alfonso Manuel Morante Chávez, aseguraron, ocurrió como parte de la Cámara de Comercio de Ucayali, en una sesión informativa sobre el “reglamento de la nueva ley europea” donde asistió para, luego, informar al gremio regional.
“Enfatizamos que Ocho Sur no participa en ningún espacio de modificación normativa forestal, y la empresa tampoco ha sido convocada para integrarlo, ya que dicho asunto no forma parte de su agenda”, agregó la compañía en su respuesta.
En otra reunión de junio pasado con el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, en la que también participaron otros empresarios de la Amazonía, Morante Chávez se registró como miembro del Grupo Pro Amazonía.
Como se recuerda, desde 2016 —cuando adquirió dos fundos en Ucayali—, Ocho Sur ha sido denunciada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil por su papel en la pérdida de bosques, cometida por Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali, que antes operaban en el lugar.
Además, a inicios de este año, la Contraloría advirtió que, en 2019, funcionarios del gobierno regional de Ucayali aprobaron de forma irregular el cambio de uso de suelo de 11.000 hectáreas, a favor de la empresa Ocho Sur. Esto, según el informe, ocurrió en suelos donde estaba prohibido su modificación para fines agrícolas y en un área de 105 hectáreas superpuestas al bosque de producción permanente Biabo Cordillera Azul, catalogado como patrimonio forestal de la nación.
En un comunicado público, la empresa rechazó el informe. Asimismo, indicó a OjoPúblico que, a través de una carta, pidió al Contralor General de la República que realice una rectificación del informe por considerarlo “ilegal, poco profesional y estar plagado de frases difamatorias”.
La compañía informó que denunció por abuso de autoridad y falsedad genérica a los funcionarios responsables del documento y que la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra los involucrados, quienes no han acudido al Ministerio Público para brindar sus descargos. Al cierre de esta publicación y luego de ser consultada sobre las afirmaciones de la empresa, la Contraloría no respondió a este medio.
Este medio también contactó al Serfor, Midagri y MEF para tener detalles respecto a las agendas sostenidas con las personas mencionadas. Pero, al cierre de este informe, no hubo respuestas de su parte.
De ser aprobada, la propuesta de modificar 12 artículos de la actual Ley Forestal, planteada en la Mesa Forestal, sería un “retroceso” y “debilitamiento” en la lucha contra la pérdida de bosques amazónicos, según especialistas consultados.
“Con esta propuesta se ve una formalización y salida para que algunas empresas investigadas manejen herramientas para tener una imagen de no afectación ambiental. Hay una orientación para que no tengan responsabilidad administrativa y penal”, señaló Rolando Navarro Gómez, exjefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Navarro Gómez, también investigador del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), sostiene que uno de los puntos por revisar es el referido al cambio en la cesión en uso para sistemas agroforestales. Esto debido a que otorga territorios a posesionarios que podrán acceder a este beneficio a “plazo indeterminado” y sin necesidad de una zonificación forestal.
El especialista también recordó que, como autoridad forestal, el Serfor debería garantizar el manejo responsable del patrimonio y elaborar un informe técnico donde se sustente una “opinión no favorable” frente a la propuesta que se encuentra en debate. (Fuente: Ojo Público)
Foto: Intereses y visitas alrededor de un nuevo intento por cambiar la ley forestal