Diario Amanecer

115 directivos de confianza no acreditaron cumplir requisitos académicos y experiencia. Se revisaron los legajos de más de 300 directivos de libre designación y remoción.

San Martín. La Contraloría General de la República reveló que 115 directivos de libre designación y remoción pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades, conforme a los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”.

De ese total, se desprende que 92 directivos no acreditaron cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento. Mientras que otros 37 directivos tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

La realización del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción en un total de 32 entidades.

Con este operativo se desplegaron 78 auditores, distribuidos en 32 comisiones de control, que intervinieron igual número de entidades, entre gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales. Las comisiones de control revisaron legajos de 317 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 281 corresponden al segundo nivel organizacional (gobiernos regionales y locales) y 36 al tercer nivel organizacional (gobiernos regionales).

Situaciones adversas

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 32 informes de control se revelaron un total de 125 situaciones adversas, entre las cuales se identificó que siete entidades sobrepasaron el límite del 5 % del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza. Este hecho no es acorde con la normativa vigente, la cual busca una administración pública moderna, jerárquica, profesional, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a los usuarios.

Los auditores de la Contraloría también encontraron que en 26 entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos. Asimismo, en 24 entidades no acreditaron haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos, en relación al acceso a la función pública de sus directivos públicos de libre designación y remoción.

Otro hallazgo relevante es que en 17 entidades intervenidas durante el operativo nacional no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley N.º 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

Foto: Contraloría