CONGRESISTAS SANMARTINENSES LIMITARON CIERRE DE REAL PLAZA, Antes de la tragedia en Trujillo.
San Martín. Tres congresistas de la región San Martín jugaron un papel clave en la aprobación de una ley que limitó el cierre de centros comerciales en el país, incluyendo el Real Plaza Trujillo, donde ocurrió una tragedia que dejó ocho fallecidos y más de 70 heridos. Se trata de Karol Paredes Fonseca (Avanza País), Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) y Arturo Alegría García (Fuerza Popular), quienes apoyaron la promulgación de la Ley N° 31914, según un informe de La República.
La norma, promulgada el 28 de octubre de 2023 por el Gobierno de Dina Boluarte, establece que las municipalidades pueden clausurar un centro comercial solo si representa un riesgo inminente para la vida, salud, seguridad o propiedad de las personas. No obstante, también obliga a los municipios a levantar la clausura en un plazo máximo de 48 horas, una vez que el establecimiento subsane las observaciones y presente la documentación correspondiente. Si la municipalidad no responde en ese plazo, la clausura queda automáticamente sin efecto.
En diciembre de 2023, el entonces alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el Real Plaza tras el asesinato de Hugo Chávez Loyola, alias ‘Virolo’, en el patio de comidas del centro comercial. Sin embargo, su decisión fue duramente criticada desde el Congreso. Uno de sus principales opositores fue el parlamentario Alejandro Cavero, quien le recordó públicamente que la nueva ley prohibía el cierre «arbitrario» de establecimientos comerciales.
Tras la tragedia ocurrida el 21 de febrero, Cavero se deslindó de cualquier responsabilidad y defendió la norma argumentando que su objetivo era proteger a pequeños, medianos y grandes empresarios de cierres injustificados. Sin embargo, la ley N° 31914 había sido impulsada meses antes por la bancada de Fuerza Popular a través del proyecto N° 4952, que modificaba la Ley 28976 sobre licencias de funcionamiento.
El 5 de octubre de 2023, la iniciativa fue debatida en el Pleno del Congreso, entonces presidido por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso. Con el respaldo de 85 votos a favor y solo 19 en contra, el proyecto fue aprobado, estableciendo así los límites a las clausuras municipales.
Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan las causas del incendio en el Real Plaza Trujillo, el debate sobre la responsabilidad política y la efectividad de la Ley N° 31914 continúa. ¿Se trató de una regulación necesaria para evitar abusos municipales o de una medida que debilitó la fiscalización de la seguridad en los centros comerciales? La tragedia ha puesto nuevamente en la mira las decisiones del Congreso y su impacto en la vida de los ciudadanos.