DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN FISCAL, Contra docente acusado de violencia sexual hacia cinco estudiantes.
San Martín. El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto expresó su preocupación por las demoras que se evidencian en la investigación iniciada por el Ministerio Público contra el docente de un colegio ubicado en dicha ciudad, quien es acusado de presunto delito de abuso sexual y actos contra el pudor en agravio de cinco estudiantes, quienes integraban el equipo de voleibol masculino del plantel. En ese sentido, demandó la intervención del órgano de control interno para que investigue las razones por las cuales el fiscal que lleva el caso no habría dispuesto ninguna diligencia en un plazo de casi cuatro meses.
Fue a través de un documento dirigido a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín que la coordinadora de la sede defensorial en Tarapoto, Katheryne Chamoly, detalló algunas de las dilaciones advertidas durante el proceso de investigación. Como ejemplo de ello, se señala que, pese a que la denuncia contra el docente fue presentada el pasado 1 de marzo, el fiscal Hamyn Aldo Pereda Vásquez recién se avocó a la investigación el 4 de julio, es decir más de cuatro meses después, debido a que el caso fue inicialmente derivado a la sede del Ministerio Público en Moyobamba.
Se señala también que recién en dicha fecha se dispuso que se tomen las declaraciones de las víctimas, mientras que el 8 de julio se solicitó al juzgado de investigación preparatoria de turno que se tome la declaración de los presuntos agraviados mediante entrevista única en cámara Gesell. Además, recién el pasado 9 de julio, es decir hace apenas tres semanas, se solicitó al juzgado de familia transitorio especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que emita medidas de protección a favor de las víctimas, pese a que el plazo no puede exceder las 24 horas.
En el escrito, la representante de la Defensoría del Pueblo advirtió también que, pese a que el tiempo inicial de 60 días dispuesto para la investigación ha culminado, no se evidencia disposición fiscal alguna en la que se amplíe la investigación por un plazo similar adicional. Asimismo, que recién el 4 de julio se dispuso que se practique el reconocimiento médico legal de los presuntos agraviados y que el fiscal no solicitó la intervención del equipo multidisciplinario del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Tarapoto.
“En suma, hasta la fecha han transcurrido más de cuatro meses desde que la denuncia fue interpuesta, sin que se hayan realizado diligencias importantes que permitan al fiscal decidir sobre la formalización de la investigación preparatoria”, sostuvo Chamoly en el documento dirigido a la máxima instancia del Ministerio Público en la región San Martín, señalando que preocupa más lo señalado por el fiscal, quien indicó que las demoras se deberían a que el personal administrativo traspapeló los documentos de la investigación.
En el documento, la representante de la Defensoría del Pueblo exhortó a la junta de fiscales superiores garantizar una investigación célere de los hechos y evaluar el retiro del fiscal del caso. “La actuación del fiscal no solo debe estar justificada en la persecución del delito como titular de la acción penal, sino también en el deber de resguardar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos que contravienen su libertad e indemnidad sexual; de modo que su actuación debe ser especialmente activa, célere y dentro de plazos razonables, teniendo en especial consideración la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, precisó.
Foto: Defensoría del Pueblo solicita celeridad en investigación fiscal