FISCALÍA REALIZÓ DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN EN CASM. Ante denuncia por presunta administración fraudulenta, tras adquisición de terreno para centro de esparcimiento.
Moyobamba. El Ministerio Público realizó diversas diligencias en el marco de la investigación penal por el delito de administración fraudulenta iniciada contra el decano del Colegio de Abogados de San Martín (CASM) Arnulfo Bardález Cárdenas y uno de sus directivos James Gómez Gómez, ante la presunta adquisición irregular de un terreno donde se pretendería construir un centro de esparcimiento en favor de los profesionales de la Orden.
La investigación está a cargo de la fiscal adjunta del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba Milagros Bellido Navarro, quien, este viernes, 16 de febrero, realizó una diligencia de constatación en las instalaciones del local institucional del CASM, donde requirió a los directivos documentos como el acta de reunión de asamblea y el contrato de compra venta del predio valorizado en S/ 90,000.00; no obstante, estos evitaron entregar dicha documentación en el día aduciendo no contar con autorización.
Al cierre del reporte, se dio cuenta de nuevas diligencias fiscales que incluyen como investigados a todos los integrantes de la junta directiva del colegio, así como de la solicitud del levantamiento del secreto bancario de las entidades involucradas, a fin de verificar si se hicieron efectivas las transferencias bancarias denunciadas.
De acuerdo a la denuncia interpuesta por Henrry Rubén Edquén Calderón, agremiado del CASM, los directivos habrían omitido comunicar la compra a la comisión especial designada formalmente por la Orden para gestionar y determinar la viabilidad de la misma, de acuerdo a las condiciones estipuladas por la organización.
Las primeras indagaciones determinaron que, la propiedad adquirida por los directivos investigados se encontraba inscrita con hipoteca y embargo a favor de una cooperativa de ahorro y crédito identificada con el nombre ‘Bienestar Perú’, actualmente disuelta por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), donde, ambos, además, se desempeñaban como presidente y gerente general, respectivamente. Pese a tener conocimiento de ello, habrían procedido a la compra aun con el riesgo de perder el inmueble y afectar los intereses de los profesionales.
Este vínculo existente entre los investigados y la propiedad adquirida por el CASM, según el denunciante, nunca fue puesto de conocimiento de los colegiados, atentando, entre otras razones, contra la transparencia en la legalidad del proceso contractual y afectando su derecho a recibir información oportuna antes de realizar la compra.