Diario Amanecer

Obra de Sauce se licit con expediente `bamba`.

Gestión Grundel incurre en las mismas irregularidades que la gestión del investigado exgobernador Pedro Bogarín.

San Martín. Nos ofrecieron en campaña una gestión distinta, una forma diferente de hacer política para la región, pero dicho ofrecimiento dista mucho de la realidad que hoy vivimos, y es que la actual gestión del gobernador Walter Grundel Jiménez, sigue los mismos pasos que los de su antecesor, el hoy investigado por corrupción, Pedro Bogarín Vargas.

Cabe recordar que este medio de comunicación, hace casi un año, a inicios de noviembre del año pasado, sacaba a la luz las primeras irregularidades en torno a la licitación para la obra de construcción de la carretera y puente a Sauce, revelando hechos graves como que la firma de uno de los supuestos autores del expediente técnico (por el que la gestión de Bogarín Vargas pagó la suma de 2.5 millones de soles), aparecía en documentos posteriores a la fecha de su fallecimiento; planos plagiados de la estructura del puente, denunciados por el autor original de dichos planos; estudios con firmas escaneadas de profesionales que nunca siquiera pisaron suelo sanmartinense; incluso la injerencia del hoy recluido expresidente Pedro Castillo, entre muchas otras irregularidades, a las cuales se sumaba el evidente direccionamiento que ya existía en marcha, y que fue corroborado con el audio donde se escucha la conversación entre el exgerente de infraestructura, César Panduro y el entonces gobernador regional, Pedro Bogarín, y donde el funcionario señalaba, a manera de confesión, que las bases de dicho concurso habían sido elaboradas por uno de los postores (Río Huallaga) prácticamente a su medida, con el fin de que se asegure que ganaría la millonaria buena pro, por cerca de 280 millones de soles.

El corrupto otorgamiento de la buena pro de esta millonaria obra finalmente se consumó el 28 de noviembre del 2022, a través de un acta firmada por los miembros del comité de licitación (Wilson Gamboa, Niuler Bances y Berning Guevara), sin embargo, a la gestión del investigado Pedro Bogarín no le alcanzó el tiempo de firmar el contrato, pues como se recuerda, el entonces gobernador regional, fue intervenido y detenido preventivamente por la Fiscalía Anticorrupción el 21 de diciembre, culminando su periodo tras las rejas.

Con la llegada de la nueva gestión se tomó la decisión de anular la buena pro otorgada al consorcio que encabezaba la empresa Río Huallaga, pues eran más que evidentes las irregularidades que se habían cometido en torno a dicha licitación, pero además durante el informe de los llamados “100 días”, era el propio gerente de infraestructura quien confirmaba las irregularidades halladas en la elaboración del expediente técnico. Incluso, se escuchó decir en ese entonces al gobernador regional, Walter Grundel, que para evitarse problemas con esa la licitación de esa obra, tomaría la decisión de encargar a Provías Descentralizado, para que se encargue de realizar la misma.

Sin embargo, esto no ocurrió, pero tampoco se hizo lo que cualquier gestión honesta debía hacer, es decir, evaluar de manera consciente el expediente técnico y decirle la verdad a la población respecto a si realmente dicho documento por el que la gestión del investigado Pedro Bogarín pagó la suma de 2.5 millones de soles, realmente iba a poder servir para ejecutar una obra de calidad para los sanmartinenses.

Subestimando por completo la inteligencia de la población y burlándose de sus expectativas, la gestión del gobernador regional Walter Grundel, no hizo absolutamente nada, no cambió nada en ese cuestionado expediente técnico, y tal cual lo “heredó” de la corrupta gestión anterior, decidió llevarlo a licitación pública, imaginando tal vez que todos son tontos y nadie se iba a dar cuenta de su temeraria acción.

Con lo que quizás no contó el “equipo técnico” de la gerencia de infraestructura del GORESAM, a cargo de llevar adelante este millonario proceso, fue con la acción de control que realizarían los peritos de la Contraloría General de la República al proceso de licitación que se encuentra en curso, que finalmente han puesto en evidencia que esta gestión solo es más de lo mismo, es la continuidad exacta de la gestión anterior e incurren en las mismas irregularidades en las que incurrió la investigada gestión anterior. No se han aprendido las lecciones.

LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA

A través de un informe de control simultáneo, la Contraloría buscó determinar si el expediente técnico de la obra: «Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) – Utcurarca – Machungo – Sauce, distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martin y Picota, departamento de San Martín», se elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto por la normativa aplicable, evaluación que se realizó entre el 19 y el 27 de setiembre del presente año.

En el mencionado informe se señala por ejemplo que el presupuesto de obra indicado en el expediente técnico fue calculado sin contar con algunas cotizaciones, asimismo la proporción de algunos insumos usados en los análisis de costos unitarios no se encuentran justificados; hecho que pone en riesgo la estimación del valor referencial del presupuesto de obra en alrededor de 40 millones 194 mil 548,23 soles (de presunta sobrevaloración), generando distorsiones en el costo real del proyecto y posibles sobrecostos.

El expediente técnico de este proyecto carece de planos y memorias de cálculo que sustenten las dimensiones y la necesidad de la construcción de los muros de contención en el mejoramiento del camino vecinal, lo que generaría una consecuencia adversa para la entidad de 9 millones 554 mil 616,82 soles (perjuicio económico).

Con fecha 9 de marzo del 2021 falleció el jefe del proyecto (José Luis Bendayán Miguel), sin embargo, el expediente técnico contiene documentos firmados posteriores a su deceso, generando una consecuencia adversa a la entidad de 2 millones y medio de soles, correspondiente a la elaboración del expediente técnico, más los gastos en que hubiera incurrido la entidad por la supervisión del mismo, “además que éste carezca de valor legal” (expediente bamba).

El expediente técnico del proyecto contempla metrados no justificados en el presupuesto de obra como las partidas de: corte en roca fija, imprimación asfáltica, riego de liga asfáltica y corte en roca suelta, lo que ocasionaría una consecuencia adversa a la entidad por el monto de 1 millón 866 mil 011,02 soles (sigue creciendo el perjuicio económico).

La cimentación de los dos pontones no sería la adecuada, habiéndose proyectado éstas a 1,20 m de profundidad en los planos del expediente técnico, sin embargo, el estudio hidráulico recomienda que sean a 3,50 m de profundidad, generando el riesgo que estas estructuras colapsen por socavación, ocasionando una consecuencia adversa a la entidad por el monto de 698 mil 098,21 soles (aumenta el perjuicio económico).

El expediente técnico del proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental (DIA), sin embargo, al proyecto le corresponde la categoría de semi detallado (EIA-Sd) de acuerdo a la normativa aplicable, hecho que pone en riesgo el inicio de la obra y correcta ejecución del componente de medio ambiente del proyecto, pudiendo generar una consecuencia adversa a la entidad por el monto de 280 mil 348,81 soles (más perjuicio económico).

El expediente técnico del proyecto contempla una sección de 10,40 metros del tablero del puente atirantado, que incluye veredas a ambos lados de 1,20 metros de ancho, sin embargo, el especialista estructural del consultor mediante informe técnico propuso una nueva sección del puente de 12,00 metros con veredas de 2,00 metros a ambos lados, modificación que no se encuentra considerada en los planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y otros documentos del expediente del proyecto generando el riesgo de estar expuesto a controversias, posibles mayores costos y demoras en la ejecución de la obra.

El expediente técnico del proyecto no cuenta con autorizaciones y/o permisos para el uso de canteras, depósitos de materiales excedentes, uso de explosivos, permiso de ejecución del puente atirantado en fuente natural (sobre el río Huallaga), hechos que ponen en riesgo la oportuna ejecución de obra, además de generar paralizaciones y mayores costos en la ejecución del proyecto.

Se ha evidenciado incumplimiento contractual en la elaboración del expediente técnico, respecto a los profesionales propuestos de las distintas especialidades, dado que las firmas consignadas no corresponden a los profesionales propuestos en dicha especialidad, generando el riesgo de afectar la calidad del expediente técnico y que este carezca de valor legal (expediente bamba).

El expediente técnico del proyecto contiene documentos con firmas escaneadas, además existen registros fotográficos y cuadros que cubren parcialmente las firmas, generando el riesgo que los profesionales no reconozcan sus firmas, y que el expediente técnico carezca de originalidad y valor legal.

Todos estos hallazgos ponen en evidencia de que la gestión del gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, no solamente ha engañado y se ha burlado de la población de Sauce, que durante años ha venido luchando para que se pueda concretar este anhelado proyecto, sino que además se ha burlado y ha engañado groseramente a toda la población de San Martín, a la que ofreció que su gestión sería totalmente diferente a la de su investigado y cuestionado antecesor, Pedro Bogarín, que se corregiría todo lo que se hizo mal, y por el contrario, lo que hoy se puede observar es una continuidad de la anterior gestión, con las mismos vicios, con las mismas irregularidades, con la misma corrupción por la que hoy vienen siendo investigados Bogarín Vargas y sus funcionarios. Grundel ofreció en campaña que con él no habría vainas, pero lo que hoy vemos no son solo vainas, sino tremendos “vainones”, que deberían despertar de inmediato la acción fiscalizadora de los frentes de defensa, de los consejeros regionales, de la procuraduría anticorrupción, de nuestros ilustres congresistas, de la Fiscalía Anticorrupción, pero tal como ocurrió en la gestión anterior, posiblemente ninguno de los mencionados se digne a hacer algo, y probablemente las acciones de fiscalización e investigación tengan que venir desde la capital de la República, como pasó en el caso de Pedro Bogarín y la presunta organización criminal que encabezaría.

Si todo lo que este amplio informe señala es falso y no tiene sustento, entonces solicitamos al gobernador regional, que, en pro de la transparencia, salga al frente, de la cara (si gusta junto a sus funcionarios), convoque a una conferencia de prensa abierta a todos los medios (y no solo a los de su preferencia) y defienda con sustento que la millonaria licitación de la carretera y puente a Sauce se está haciendo de manera correcta y transparente. Lo esperamos señor Gobernador Regional.