TALADOR ILEGAL PAGÓ S/ 1000 PARA QUE ASESINEN AL APU QUINTO INUMA. Genix Saboya, uno de los sicarios detenidos, confesó que mató al líder indígena por encargo de Segundo Villalobos Guevara.
San Martín. “Él me dio la espalda y ahí le disparé con la escopeta”. Así relató su crimen Genix Saboya Saboya, uno de los sicarios que, el pasado 29 de noviembre, asesinaron al líder kichwa Quinto Inuma Alvarado. La confesión de Saboya, a la que accedió EL FOCO, quedó registrado en la declaración que dio el último 12 de febrero a la Tercera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada. Saboya hoy está detenido junto a otros cuatro integrantes de la presunta banda criminal “Los chacales de Santa Rosillo”.
Saboya no solo contó cómo perpetró el asesinato del defensor ambiental, sino que lo hizo a cambio de un pago de S/ 1000 que le entregó Segundo Villalobos Guevara, involucrado en la tala ilegal. Villalobos vive en el centro poblado Leche, en el distrito de Huimbayoc, región San Martín, y en diciembre del 2021 había sido denunciado por el apu Quinto Inuma.
Genix Saboya ha contado que Villalobos le depositó en su cuenta bancaria S/ 1000, pero que le había prometido S/ 5000. “Me dijo que me daría un dinero de recompensa porque él también quería matarlo hace tiempo”, contó Saboya. Como prueba, el despacho del fiscal Juan Orihuela Legonia recabó las fotografías del celular del sicario, donde encontró la constancia del depósito que hizo Villalobos.
Quinto Inuma había denunciado a Segundo Villalobos por tala ilegal en el territorio de Santa Rosillo de Yanayacu junto a otros detenidos durante el operativo de la Policía. Se trata de Limber Rios Ruiz, Julio Barbaran Ojanama y Segundo Ramirez Mandruma. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Alto Amazonas y la encargada es la fiscal provincial Berta Rengifo Vásquez.
Esta no es la única denuncia que realizó Quinto Inuma por la actividad de economías ilegales en su comunidad. Según un informe del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad) de Tarapoto, Quinto Inuma denunció la plantación de tres hectáreas de hoja de coca y la construcción de una pista de aterrizaje para su transporte.
Además de su confesión, Genix Saboya también dio el nombre de un nuevo implicado en la ejecución de Quinto Inuma. Se trata de Belustiano Saboya Pisco, tío de Genix y su hermano Jerrly, quien está también detenido. Belustiano Saboya sería quien, de un tiro en la cabeza, le dio el tiro de gracia al apu.
Inuma había denunciado en distintas ocasiones a los ahora detenidos por tala ilegal y narcotráfico. Una de estas denuncias llegó a la Fiscalía de Materia Ambiental (FEMA) del Alto Amazonas, según la resolución de detención preliminar, que había programado el inicio de las diligencias en la comunidad para el 30 de noviembre. Pero un día antes, el apu Quinto fue asesinado.
Las denuncias que realizaba el apu Quinto le valieron ser víctima de otros atentados contra su seguridad, en los cuales “Los chacales de Santa Rosillo” ya habían participado. Por estos atentados, el 8 de febrero de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le otorgó medidas de protección para su vida en el marco del Protocolo de Protección de Defensores de Derechos Humanos. La medida resultó ser letra muerta.
“El mecanismo y su resolución que tenía Quinto para proteger su vida, al final solamente se ha hecho efectivo cuando lo asesinaron”, apunta Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) que sigue su caso. “La Policía siempre ponía en sus informes que era imposible hacer efectivas estas medidas de protección. Las condiciones y protección real a defensores a nivel del Estado es nula”.
Entre los investigados por el asesinato de Quinto figuran autoridades políticas del caserío de Santa Rosillo de Yanayacu. El teniente gobernador Julio Barbarán Ojanama y el agente municipal Segundo Ramírez Mandruma han sido mencionados. Estas autoridades mantenían un conflicto con la comunidad originaria por una disputa sobre la titulación de las tierras de la zona.
En Santa Rosillo de Yanayacu hay “un conflicto social manifiesto”, en palabras del antropólogo Dennis Meza, monitor del programa de apoyo local del Fondo Socioambiental del Perú. “Colonos han llegado y han ocupado espacios de la comunidad y reclaman, a diferencia de la comunidad, la titulación individual del predio”, señala Meza. Estos espacios, según las denuncias de Quinto Inuma, servirían para facilitar la tala ilegal y el narcotráfico.
Ayer domingo 18 de febrero venció el plazo de detención preliminar contra los asesinos de Quinto Inuma. Juan Orihuela Legonia, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, es el fiscal que deberá hacer hoy lunes el pedido de prisión preventiva. El juez Víctor Alcocer Acosta, del noveno Juzgado de Investigación Preparatorio Nacional, es el responsable de tomar la decisión. (Fuente: Portal El Foco)
Foto: Talador ilegal pagó S/ 1000 para que asesinen al apu Quinto Inuma